El PP de Segorbe lamentó ayer «el mutismo y secretismo» con el que el equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, Rafael Magdalena, ha llevado la apertura de un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar al consistorio segorbino por «supuestamente llevar a cabo vertidos ilegales al cauce público del río Palancia en el término de la población, al barranco de Aguardiente». Según los populares, la CHJ habría iniciado la incoación del expediente en fecha del 26 de agosto de 2015 y, el día 8 de octubre, se requirió al consistorio que cesase el vertido de aguas residuales a este barranco, procedentes de la industria instalada en el polígono de la Esperanza, Dafsa, encargada de fabricar zumos, gazpachos y caldos. El ayuntamiento habría presentado alegaciones a esta apertura de expediente sancionador que todavía está pendiente de resolución.
Desde el grupo popular calificaron de «sorprendente» que hace unos meses el concejal de Medioambiente, Luis Gil, afirmase que el agua vertida al barranco de Aguardiente proveniente de la empresa de zumos cumplía perfectamente todos los parámetros exigidos por la CHJ y era apta para el riego de las huertas y, ahora, «a la vista de la apertura de este expediente sancionador parece ser que esto no es así». En este sentido, comunicaron los populares, parece que «el agua contaminada estuvo circulando por dicho barranco y acequias dependientes del Sindicato de Riegos hasta desembocar en el río, aunque desconocemos si se usó para regar la huerta».
Por su parte, Gil explicó ayer que «la CHJ detectó un vertido puntual con parámetros irregulares y envió una notificación al ayuntamiento, dado que se vierte a través de la red de Segorbe». Fue entonces, puntualizó, cuando «se detectó que la empresa tenía una arqueta rota y perdió puntualmente una cantidad muy pequeña de agua, que iba a un colector de pluviales, por lo que se reparó la arqueta y se resolvió el problema». El concejal apuntó que «la notificación de la sanción llegó posteriormente y se pusieron las alegaciones y, aunque el problema fue puntual, como medida preventiva, el ayuntamiento ha prohibido a la empresa seguir vertiendo por el momento hasta que se solucione el tema». Gil añadió que, en caso de que no se escuchen las alegaciones será la empresa la encargada de pagar la sanción que estima, «no creemos que sea muy elevada en caso de que haya que hacerla efectiva porque los daños eran de 0.46 céntimos».
Los populares recordaron que «según el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como 315 a 318 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, tal infracción podría ser considerada como leve, pudiendo corresponder una multa hasta de 10.000 euros.
