Un día después de conocer su procesamiento judicial, el exalcalde de la Vall d'Uixó y actual diputado nacional del PP, Óscar Clavell, admitió que asumió riesgos al autorizar el pago de más de 700.000 euros, aunque se reafirmó en su decisión. Clavell descargó de toda responsabilidad a la exalcaldesa y ahora presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, y anunció que renunciará al escaño en el Congreso en el momento en que se concrete la apertura de juicio oral.
El cargo popular compareció ayer ante los medios -acompañado por la coordinadora provincial del PP, Elena Vicente-Ruiz-para dar explicaciones, después de que el juzgado número 2 de Nules le haya procesado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales por autorizar en 2010 el pago de facturas por más de 700.000 euros a la empresa Secopsa, concesionaria del servicio de recogida de las basuras, cuando ejercía de alcalde en funciones de la Vall en sustitución de Isabel Bonig.
El hoy parlamentario repasó los hechos que hoy le sitúan a un paso del banquillo de los acusados. En 2010, el ayuntamiento dejó de pagar a Secopsa porque había informes técnicos que señalaban que el servicio no se estaba prestando correctamente. En diciembre de ese año, la deuda ascendía a más 700.000 euros (6 mensualidades) y Óscar Clavell decidió abonar las facturas cuando ocupaba en funciones el sillón de alcalde, ya que la titular, Isabel Bonig, estaba de vacaciones. Según dijo, autorizó el desembolso, pese al dictamen contrario de los técnicos, porque los trabajadores de la contratista no cobraban, por la amenaza de huelga del servicio de basuras en fechas navideñas y porque había otro informe de los técnicos que advertía de la situación de indefensión en que se encontraba la empresa.
Clavell eximió a la ahora presidenta regional del PPCV y subrayó que fue una decisión que tomó sin consultar con ella, a sabiendas del riesgo que asumía. «La decisión fue de Óscar Clavell. No me arrepiento de nada, era el alcalde en funciones y me debía a mi ciudad», proclamó.
El diputado del PP puso el cargo a disposición del partido y dijo que si le piden que se marche obedecerá. Renunciará al escaño en el momento en que se decrete la apertura de juicio oral, una decisión que, según señaló, comparten los presidentes regional y provincial del partido. Al ser aforado la causa debería elevarse al Tribunal Supremo.
Clavell todavía confía en no sentarse en el banquillo. Según explicó, después de autorizar el pago a Secopsa, el ayuntamiento expedientó en media docena de ocasiones a la empresa, que recurrió a los tribunales y ganó. Clavell se encomienda a estas sentencias en contra del ayuntamiento para demostrar que el pago a Secopsa fue correcto. El diputado nacional recalcó que se trata de un tema administrativo motivado por una denuncia «política« del PSOE y EUPV. «Que quede claro que Óscar Clavell no se ha llevado ningún céntimo a ningún sitio», sentenció.
Isabel Bonig
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, por su parte, señaló que si el Tribunal Supremo dicta un auto de procesamiento o apertura de juicio oral contra Óscar Clavell, «como todo militante dejará el acta» de acuerdo con los estatutos del partido, aunque pidió «prudencia» y resaltó que se trata de una «cuestión administrativa» y no de corrupción. a presidenta del PPCV precisó que el auto de la jueza de Nules transforma el procedimiento de diligencias en abreviado pero es «nulo porque no lo puede adoptar la juez, tiene que remitirlo al Supremo». Por ello, instó a esperar a ver qué ocurre porque si el alto tribunal lo archiva, Clavell «continuará» y si se confirma y se tiene que sentar en el banquillo dejará el acta.
Tras incidir en que ella no preparó ese expediente de Secopsa, remarcó que no se intente «mezclar todos los asuntos» con la corrupción porque «también hay imputaciones administrativas» derivadas de la gestión y ha recordado los casos del socialista Vicente Arqués en l'Alfàs del Pi (Alicante) y José Manuel Orengo en Gandia (Valencia).
