El Francisco Martínez emprendedor fundaba empresas y las ponía en valor a través de aportaciones de capital y terrenos. El Francisco Martínez político, en cambio, se limitaba a firmar los papeles que los técnicos le ponían encima de la mesa, sin saber muy bien de qué iban, y no tenía claras sus competencias en la diputación. El Francisco Martínez padre, por último, no estaba al tanto de los negocios de sus hijos, pese a compartir con ellos empresa familiar.

El exvicepresidente provincial ofreció esta triple cara en la primera jornada del juicio por el caso de la depuradora de Borriol, en el que también están encausados sus dos hijos, el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría, el empresario Raúl Babiloni y el empleado de éste Luis García del Campillo. Sobre ellos pesan las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.

El interrogatorio a Martínez, que se prolongó durante una hora y cuarto, ocupó la mayor parte de la sesión. El exdirigente popular, para quien el fiscal pide cuatro años de cárcel, trató de desvincularse de la decisión de incluir una parcela propiedad de su empresa familiar Franvaltur en el proyecto de la depuradora de Borriol, por cuya expropiación se habría embolsado cerca de 50.000 euros.

Francisco Martínez manifestó, a preguntas del fiscal, que la aprobación por parte de la diputación del proyecto de la depuradora fue una decisión colegiada de los diputados que integraron, en primera instancia, la comisión informativa y, en segunda, la comisión de gobierno. Además, recalcó que se limitó a refrendar lo que le elevaron los técnicos: «En esa comisión se aprobaron 16 proyectos en 10 minutos. Ningún diputado se lee ningún proyecto y el de la depuradora tenía 2.600 folios. No somos los políticos los que redactamos los informes, son los técnicos, en los cuales tenemos plena confianza ».

Según Martínez, tampoco conocía la relación de terrenos afectados por la depuradora ni que uno de los solares fuera propiedad de Franvaltur. Se enteró, dijo, por la prensa en 2014, cuando salió a la luz pública el escándalo tras la denuncia de Compromís en Borriol.

Franvaltur era la empresa que fundó Francisco Martínez con sus hijos en 2005. En 2011, la hija de Martínez, Andrea, aportó a la sociedad la famosa parcela 42, tras comprársela por 3.000 euros al empresario Raúl Babiloni. La transacción se cerró apenas seis días después de que se segregara la parcela para incluirla en el convenio de la depuradora de Borriol. El resto del terreno afectado por la infraestructura era propiedad de Babiloni.

El empresario es amigo de Francisco Martínez y ambos son socios en una promotora inmobiliaria. Además, Babiloni es socio de Andrea Martínez en otra mercantil. En la negociación con el ayuntamiento de Borriol, Raúl Babiloni acudió como apoderado de Franvaltur. «¿El apoderamiento se hizo para que la familia Martínez no apareciera en el convenio?», preguntó el fiscal. «No, mi hija estaba fuera y no podía ir. Es algo común otorgar poderes», alegó Francisco Martínez, quien añadió que su hija no le informó de la adquisición de la parcela, ni de la expropiación, ni del apoderamiento de Babiloni, pese a que Franvaltur era una empresa familiar y que Babiloni es su amigo. «Lo decidieron mis hijos. Yo estaba en la política y entraba a trabajar a las 7 de la mañana y llegaba a casa las 12 de la noche. Yo sólo aportaba capital», justificó.

Fue antológica la parte del interrogatorio relativa a su función como responsable del «ciclo integral del agua» de la diputación . Francisco Martínez recalcó que él no era responsable del apartado de depuradoras (apuntó al exvicepresidente Vicent Aparici) y acabó manifestando no saber qué es eso del ciclo integral del agua.