El maratoniano pleno de la diputación de ayer deparó un nuevo rifirrafe entre el gobierno popular y el PSOE a cuentas del Plan de Obras y Servicios (POYS). Los socialistas confirmaron que recurrirán el plan por dejar fuera a los municipios de más de 20.000 habitantes.
El vicepresidente provincial y portavoz del grupo popular, Vicent Sales, puso en valor que ayer se aprobaron 34,2 millones para mantenimiento de depuradoras y para el citado Plan de Obras. Destacó «el esfuerzo del Gobierno provincial por articular iniciativas que se traducen en acciones para todos los pueblos de la provincia y, sobre todo, que impulsan la igualdad de oportunidades entre todos los municipios».
«Hablamos de depuración de aguas, de obras y servicios en todos los pueblos, del derecho al acceso de la información a través de Internet, hablamos de dar soluciones reales a los problemas reales de los castellonenses atendiendo a la especial singularidad de nuestra provincia», añadió.
La diputación aprobó el expediente y pliegos del servicio de funcionamiento de 104 estaciones depuradoras en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia con una inversión de 25.841.212 euros para los próximos cuatro años. Tal como ha señalado el diputado delegado del Ciclo del Agua, Juan Bautista Juan, «gracias a esta apuesta por la sostenibilidad y la depuración de aguas, incluso en los pueblos más pequeños de la provincia, cada año se aprovechan más de 6.000 toneladas de fangos como fertilizante de calidad en más de 180 hectáreas de terreno agrícola».
El pleno de la diputación dio luz verde, con el apoyo de Compromís, a las bases del Plan Provincial de Obras y Servicios. «que incrementa su inversión en un 78 por ciento respecto a 2015 y supone un total de 7,8 millones de euros a distribuir entre los 135 municipios de la provincia». El Grupo Socialista anunció que recurrirá las bases que regularán los POYS por considerarlas «discriminatorias», ya que «todavía deja fuera a más del 50% de los vecinos de la provincia». El portavoz socialista, José Benlloch, acusó al presidente de la Diputación, Javier Moliner, de utilizar de forma «partidista y arbitraria los recursos públicos de la diputación, que la ha convertido en una institución secuestrada por un partido político que premia a los suyos y castiga al que no le ha votado mayoritariamente».
Además, la diputación aprobó la renovación del Plan Wifi-135 como «modelo de éxito» a la hora de igualar las oportunidades de todos los ciudadanos de la provincia. Con ello, la diputación ha dado luz verde a los 650.000 euros de inversión que destinará al mantenimiento de 272 puntos de conexión en 86 municipios de la provincia y que utilizan, de media, entre 20.000 y 30.000 ciudadanos castellonenses al día.
El diputado delegado del plan, Ibán Pauner, hizo hincapié en que «esta iniciativa ha supuesto además llevar Internet a los municipios menores de 3.000 habitantes peor comunicados de la provincia, mejorando con ello la calidad de vida de sus habitantes y también el atractivo de estos pueblos».
Por otra parte, la sesión plenaria de este martes oficializó la toma de posesión como diputado provincial de Antonio José Cases Mollar. El que es también alcalde de Vall de Almonacid, entra a formar parte del Gobierno provincial como diputado del Partido Judicial de Segorbe tras la renuncia de Miguel Barrachina.
