Los distintos contenciosos administrativos que tiene el Ayuntamiento de Segorbe abiertos en los juzgados referentes a temas urbanísticos podrían suponer a las arcas municipales una media de seis millones de euros, si se perdiesen todos los casos. Así lo estimó ayer el concejal de urbanismo, Luis Gil, quien afirmó que «para el ayuntamiento, si los contenciosos no se resuelven favorables, estaríamos hablando de tener que pagar alrededor de cinco o seis millones de euros, siete? no sé», tras estudiar los resultados de una auditoría sobre la situación en la que el anterior equipo de gobierno dejó el consistorio en materia de urbanismo.
Se trata de una auditoría que ha costado 17.000 euros realizada por la empresa Axioma Consulting y que fue uno de los compromisos adquiridos por el nuevo gobierno tras entrar al poder hace ocho meses. El alcalde, Rafael Magdalena, resaltó que «al entrar al ayuntamiento detectamos un gran número de procesos judiciales, así como numerosas unidades de ejecución iniciadas y pendientes de resolver, con distinto grado de desarrollo en cuanto a programación y gestión urbanística y de conflictividad y problemática a resolver». Tras la auditoría, destacó el primer edil, «la fotografía que arroja este informe es la propia de una gestión basada en el desarrollo urbanístico desmedido y especulativo que no tiene en cuenta las verdaderas necesidades de demanda de la sociedad». Frente a esta gestión, anunció el alcalde, el actual gobierno «opta por un modelo de ciudad que atienda las verdaderas necesidades de los ciudadanos y no desarrolle más suelo que el que se precise para dar respuesta a la verdadera demanda».
Gil apuntó que, como «gastos desmedidos se invirtieron alrededor de 150.000 euros en modificaciones que no han servido para nada del Plan General de Ordenación Urbana, debido a su retraso en las tramitaciones y cambios de legislación» y resaltó que, «en plena crisis económica, se invirtió unos 200.000 euros en la redacción de proyectos para la construcción de la centro polifuncional del Coliseo, a la que debe sumarse la correspondiente a la adquisición de los terrenos, para decidir después que no era el momento oportuno para la ejecución de esta actuación».
Parking y centro hípico
En cuanto a los contenciosos pendientes en negociación, de los que el ayuntamiento no supo precisar el número exacto y Gil enumeró de memoria sobre unos nueve, destacaron los dos abiertos referentes a las obras de construcción del parking subterráneo de la plaza de Alto Palancia y del centro hípico deportivo que, «si las sentencias no resultan favorables habrá que desembolsar 258.000 euros», así como los referentes a la UE 25 y al Sector 1. El concejal apuntó que se está negociando con los propietarios y zanjar la polémica existente» por varios de los contenciosos abiertos por esta UE, ubicada en la pedanía de Peñalba y, en el tema del Sector uno, donde hay tres fallos pendientes de ejecución de sentencia, «se está negociando en buscar soluciones a los diferentes conflictos, como es el caso de la retasación indebida, que podría suponer un pago de más de 600.000 euros o los más de tres millones y medio de euros que habría que pagar por el caso de la permuta de tres terrenos con la empresa constructora de la Ciudad Deportiva a cambio de su construcción». Sobre este último asunto, el concejal dijo estar negociando con el partido Republicano (denunciante de la permuta) para que, «como se comprometieron, si cambiaba el equipo de gobierno se renunciaría a pedir la ejecución de sentencia aunque, explicó, hay un problema añadido porque los administradores concursales sí quieren que se cumpla».
En cuanto a las Unidades de Ejecución paralizadas o pendientes de finalizar, a pesar de que el consistorio pretende seguir con el PGOU de 1991 en las que están proyectadas, Gil destacó la «dejadez» con que se encontraron el seguimiento de las obras de urbanización de la UE 15 (zona de la estación); la prolongación injustificada de la obras de la UE 4 (avenida España) ; el gran conflicto entre los propietarios de la UE 24 (calle Altura); la paralización de la UE 26 (San Blas) cuyo proyecto de urbanización fue sometido a información pública en 2010 y no se ha continuado; así como el Sector 2 ( el Torrejón). En la mayoría de casos, el ayuntamiento ha mediado para que muchos de ellos queden en stand by, «no por nuestra voluntad, sino por la petición de los propios propietarios», añadió.
