Los planes de la Generalitat de acortar el ámbito de actuación de las diputaciones ha tensionado las relaciones entre ambas administraciones y aventura uno de los principales choques de trenes de esta legislatura. La institución provincial calificó de «inconstitucional» la intención del Consell de que el Estado transfiera directamente a los municipios los fondos que aporta a la diputación.
El vicepresidente provincial, Vicent Sales, subrayó que la medida que plantea el Ejecutivo autonómico cuestiona el papel que le asigna la Constitución y las competencias que recoge la ley de bases de régimen local. «Es ridícula, es como si se propusiera que el dinero que el Estado entrega a al Consell se repartiera también en los municipios, es absurdo», sostuvo Sales.
A su juicio, es inviable y pondría en peligro la subsistencia de los municipios pequeños. Expuso que si se distribuye el dinero sólo en función de los habitantes, a una localidad como Herbés, con 49 vecinos, sólo le correspondería 10.000 euros de los 130 millones del presupuesto de la diputación. «La depuradora que hemos hecho vale 175.000 euros, ¿quién la pagaría?, se preguntó Sales, «A ver quién recoge la basura, realiza depuradoras, arregla carreteras o lleva el wifi a los pueblos», insistió Sales.
El vicepresidente recordó que la diputación tiene la misión de atender a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes que carecen de suficientes recursos propios para financiar sus servicios públicos. «igualamos oportunidades», reiteró.
El director general de Administración local del Consell, Antoni Such, justifica que el posible traspaso de las transferencias del Estado de las diputaciones a los municipios pretende acabar con «las redes clientelares» de las instituciones provinciales, que, en su opinión, reparten las subvenciones con criterios «clientelares y de amiguismo». Esta cambio supondría vaciar a las diputaciones de competencias, ya que el grueso de su presupuesto procede de los fondos del Estado. La Generalitat ha lanzado un primer paso para acortar el poder provincial con un decreto de turismo y deporte, que aumenta el control sobre estos ámbitos donde interviene la diputación. Ha aplazado su apuración por la oposición de las Diputaciones de Alicante y Castelló.
