El Ministerio de Hacienda continúa con el proceso de regularización catastral en la provincia de Castelló, donde ha ampliado a otros 21 municipios la revisión de las obras en inmuebles y parcelas no declaradas al fisco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana la resolución de la Dirección General del Catastro por la que se determinan los municipios afectados en esta nueva batida de Hacienda y cuyos padrones deberán estar actualizados antes del 30 de julio de 2017.
En concreto, se trata de las localidades de Almenara, Bejís, Benafer, Benafigos, Cabanes, Canet lo Roig, Fuente la Reina, Gaibiel, La Jana, Lucena del Cid, Matet, Suera, Tales, Tírig, Torás, Torralba del Pinar, Traiguera, Vall de Almonacid, Vila-real, Villanueva de Viver y Sant Joan de Moró. La regularización de las obras ilegales comportará un aumento del valor catastral de los inmuebles afectados, por lo que estos municipios verán incrementada su recaudación a través del IBI, un impuesto que se establece en función del Catastro.
Aunque por ahora se desconoce el número total de propiedades afectadas, sí existen estimaciones a partir del rastreo llevado a cabo por Hacienda a través de fotografías aéreas. En Vila-real, el municipio más grande de los incluidos en esta nueva resolución de la Dirección General del Catastro, las incidencias ascienden a 3.000, aunque una vez se realice la comprobación sobre el terreno lo más probable es que se reduzca el listado significativamente. El concejal de Hacienda en el municipio, Francisco Valverde, recuerda que en otras localidades de la provincia que ya han pasado por este proceso el número de obras afloradas apenas representaba un 10 por ciento de la estimación inicial, por lo que «a lo mejor en Vila-real, la cifra total se queda en 300». El motivo es que en las imágenes aéreas pueden aparecer elementos que a simple vista parecen construcciones y no lo son. De ahí que sea necesaria la comprobación in situ.
Por la experiencia en otros municipios como Borriana -uno de los primeros en los que Hacienda acometió la regularización-, es de esperar que cuando los propietarios afectados vean incrementado su recibo de la contribución acudan a reclamar a los ayuntamientos. El edil de Vila-real recuerda que, aunque la revisión viene impuesta por el Ministerio de Hacienda y no por la administración local, el consistorio dispone de un servicio para que los propietarios hagan las consultas pertinentes. «Si el Catastro adopta alguna decisión que no se ajusta a la realidad, estaremos del lado de los vecinos, pero no podemos amparar obras que no han sido declaradas».
Cabe recordar que el proceso de regularización -iniciado en la provincia en marzo de 2014 y que se extiende ya a casi un centenar de municipios- pretende hacer aflorar construcciones en propiedades privadas que no constan en Hacienda o en los ayuntamientos. Entre las más habituales se encuentran la instalación de piscinas en parcelas ya habitadas, las casas de aperos reconvertidas en viviendas, los trasteros, paelleros y otras pequeñas obras en jardines y patios, o la ampliación del inmueble con el cerramiento de una terraza.
La regularización catastral implicará no sólo un incremento en el recibo de la contribución para los vecinos que no hayan declarado las obras, sino el cobro de las anualidades que no hayan prescrito desde que se realizaron, es decir, de las últimas cuatro como mucho. Además, la dirección general impone una tasa de gestión administrativa de 60 euros.
