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La Vall aprueba investigar las actuaciones realizadas por personas jurídicas

El PP aprobó la moción a favor a pesar de que «no había sido consultado» El plenario aprovechó los temas relacionados con la corrupción para solicitar la dimisión de Óscar Clavell

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Óscar Clavell se convirtió ayer en el protagonista del pleno ordinario del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, tal y como apuntaba desde que fuera anunciado su procesamiento la semana pasada por el caso de las facturas de Secopsa. De hecho, todos los grupos del pleno, tanto el equipo de gobierno, como Som la Vall y Ciudadanos, solicitaron su dimisión, aprovechando el debate de dos mociones relacionadas con temas de corrupción.

En su defensa Clavell argumentó que su decisión, anunciado tras conocerse su procesamiento, no ha cambiado y no es otra que «no dimitir». El portavoz popular defendió su postura argumentando que solo renunciará «a lo que tenga que renunciar» si se abre juicio oral, refiriéndose a su condición de diputado. Pero sus explicaciones fueron insuficientes para quienes están convencidos de que su única salida es la dimisión de sus cargos públicos.

Desde Som la Vall se le pidió que lo hiciera «por ética política». Desde EU, Antoni Llorente afirmó no creerse las explicaciones de Clavell y señaló que «una cosa es la responsabilidad política y otra la jurídica», entendiendo que por la primera su dimisión debería ser inminente e incuestionable. Jordi Julià (Compromís) criticó al PP en su conjunto por estar dando «una mala imagen de la Comunidad Valenciana» y a Óscar Clavell por hacer lo propio con su ciudad. Por último, la alcaldesa socialista, Tania Baños, fue más allá y le exigió que explicara «su responsabilidad política», al tiempo que insistía en que ratificara si hubo un pacto entre él e Isabel Bonig por el que el primero firmaba las facturas a cambio de que ella le aforara metiéndole en listas para el Congreso de los diputados.

Esta no fue la única ocasión en la que la presidenta del PPCV y exalcaldesa de la Vall apareció en el pleno. También protagonizó el debate a partir de la moción presentada por todos los grupos municipales, a excepción del PP, en la que se solicitaba la formación de una comisión de investigación de las actuaciones realizadas por personas jurídicas. Esta petición estaría motivada por la aparición en medios de comunicación de varias informaciones que apuntaban la posibilidad de que en el consistorio, dirigido por Isabel Bonig, personas jurídicas contratadas por este habrían realizado actuaciones «dirigidas a favorecer a un determinado partido político», en clara alusión al PP.

En este punto, todos los grupos políticos votaron a favor aunque desde el PP quisieron matizar a través de un comunicado que la moción fue presentada por todos los grupos a excepción del PP « que no ha sido consultado». La portavoz Elena Vicente-Ruiz aseguró que «hemos votado que sí a la apertura de dicha comisión porque somos los primeros interesados en esclarecer cualquier sombra de duda sobre la financiación del PP de la Vall». No obstante, la edil ha asegurado que se trata de una «maniobra de desprestigio para echar por tierra a todos los votantes, militantes y simpatizantes del PP».

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