El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales en Castelló. Más de 100 personas necesitan una solución habitacional en la capital de la Plana, según el listado actual de solicitantes que gestiona el ayuntamiento. De ellas, hay entre 10 y 15 que están en una situación de emergencia apremiante, por lo que deben ser realojadas en los próximos meses, según explica el concejal de Bienestar Social, José Luis López.
Los casos más urgentes no son los desahucios por impago de hipoteca, puesto que se puede renegociar o aplazar el lanzamiento, sino los desalojos por el impago de alquiler a propietarios particulares. En estas situaciones no se paralizan los desahucios, ni siquiera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) intenta impedirlos para no perjudicar a las familias propietarias, cuya situación puede ser tan precaria como la de los inquilinos. De hecho, se da la circunstancia de que los Servicios Sociales han llegado a recibir solicitudes de ayuda del dueño de una vivienda y de su arrendatario. «Hay propietarios que tienen que vivir con sus padres y pagan la hipoteca de su vivienda con lo que reciben por alquilarla», señala el edil.
Entre los solicitantes hay muchas personas con dificultades para pagar el alquiler. En estos casos, el consistorio opta por facilitarles ayudas económicas para el arrendamiento, que suponen el grueso de la partida de prestaciones sociales en la actualidad, según López.
A la espera de vivienda se encuentran también las cinco familias que ocuparon un edificio de la calle Gran Vía Tárrega Monteblanco hace casi dos meses. La PAH recuerda que la situación es apremiante para tres de estas familias que tienen a su cargo diez niños en total. Serán desahuciadas en la primera quincena de marzo: dos de los casos se deben al impago del alquiler y el otro a una dación en pago.
La portavoz de la plataforma, María Jesús Garrido, urge al ayuntamiento a dar solución a estas familias, que ya formalizaron la solicitud de vivienda ante los Servicios Sociales. De hecho, anuncia movilizaciones de la PAH si no son realojadas antes de que se ejecuten los desahucios. «Los tiempos de las instituciones no pueden ser tan lentos, deben ser más ágiles y más diligentes a la hora de solucionar este tipo de problemas», señala Garrido. Mientras esperan la resolución del ayuntamiento, estas familias siguen ocupando el edificio propiedad de una inmobiliaria. Llevan dos meses sin agua ni electricidad, ya que las empresas de suministro cortaron el servicio a los pocos días de conocerse la ocupación. Por ello, acuden a casa de familiares o amigos para poder asearse o comer, según relata la portavoz de la PAH.
Sobre este asunto, el concejal de Bienestar Social afirma que todas las familias del edificio han pasado ya por los Servicios Sociales y recuerda que se irá dando solución en función de la urgencia de cada caso.
Sin viviendas disponibles
El principal problema para realojar a las familias desahuciadas es la falta de viviendas públicas disponibles. Por ello, el consistorio busca la colaboración de los bancos para que cedan inmuebles vacíos a cambio de un alquiler social. El pasado mes de enero, el ayuntamiento anunció un acuerdo con Cajamar por el que la entidad cedía 10 pisos. Sin embargo, según el concejal de Castelló en Moviment y miembro de la Mesa de Vivienda, Iñaki Vallejo, a día de hoy el consistorio aún no cuenta con las viviendas anunciadas. Tampoco tiene las llaves de los 6 pisos que el EIGE, la entidad autonómica de vivienda pública, iba a poner a disposición del ayuntamiento. De hecho, asegura que uno de los inmuebles está ocupado.
