El Ayuntamiento de Orpesa ha iniciado el expediente de responsabilidad por el derribo del edificio Portomar, medida que acordó la corporación en un pleno celebrado en junio del año pasado a instancias de Compromís. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó en el año 2008 la demolición de este inmueble de tres plantas situado en el complejo Portomar de la playa de la Concha tras certificar varias irregularidades urbanísticas en la construcción.

El edificio fue derribado en el año 2010 tras la denuncia de unos vecinos que defendieron que el inmueble infringió la normativa urbanística en aspectos como distancias con el resto de viviendas del complejo o su altura en función de la calle. El juzgado les dio la razón en segunda instancia. Cinco años después de la demolición, el pleno acordó destinar 200.000 euros para hacer frente a la demanda que presentó la empresa constructora del inmueble por la anulación de las licencias, que comportó el derribo de la construcción.

Aunque en un principio la mercantil solicitó unos 520.000 euros, el consistorio recurrió para dejar la indemnización en cerca de 200.000 euros. La corporación aprobó en junio del año pasado una modificación de crédito para asumir este gasto. Compromís presentó en esa sesión una enmienda para exigir responsabilidades a los técnicos que emitieron en 2004 la licencia que fue anulada en 2008. Esta exigencia fue ratificada por el pleno. Ahora, el consistorio de Orpesa ha incoado el expediente que pidió Compromís. «No es justo que se destine dinero público a estas pagar sentencias judiciales», dijo el concejal de Compromís Josep Lluís Romero, que añadió que «en Orpesa tenemos que empezar a pedir responsabilidades por las cosas que se hacen mal». Romero remarcó que también exigirá un expediente de responsabilidades por el edificio Bernat en cuanto se ejecute el pago de la sentencia que servirá para indemnizar a los vecinos que recurrieron su licencia, también anulada. Por un acuerdo entre las partes, este edificio no se demolerá como ocurrió con el Portomar.

El edificio Portomar, que nunca estuvo habitado, estaba situado en la entrada del complejo Portomar de la playa de la Concha. Tras su demolición en 2010 por irregularidades urbanísticas, la empresa que lo levantó exigió una indemnización al consistorio por la anulación de las licencias. Compromís pidió responsabilidades a los técnicos que las emitieron, proceso que ahora se inicia