El Ayuntamiento de Moncofa ha hecho efectivo el pago de 893.945,85 euros que se ha visto obligado a asumir como consecuencia de la resolución del juzgado de la contencioso-administrativo nº 2 de Castelló, por la que se emplaza al consistorio a saldar el importe reclamado por la empresa encargada de financiar las obras de la ronda, como consecuencia de «un error de forma» cometido por el anterior equipo de gobierno socialista, según denunció ayer el alcalde, Wenceslao Alós.
La deuda está saldada ya, como confirmó Alós, y asumir esta obligación «no afectará al presupuesto de 2016» aprobado recientemente, ya que la tesorería municipal dispone de efectivo para asumir este tipo de responsabilidades como consecuencia, entre otras cosas, de que en los primeros meses de legislatura el nuevo gobierno del Partido Popular regularizó el cobro de las plusvalías «que llevaba años de retraso, alcanzando una recaudación que rondaba el 1.500.000 euros». Este «considerable problema de dejadez administrativa» llegó hasta el punto de que muchos recibos por este impuesto, que grava la compra venta de inmuebles, habían prescrito, con la consiguiente merma de ingresos para el municipio, tal y como lamentó el alcalde.
En este caso, la deuda con la UTE de la urbanización del PAI Belcaire Norte, que se había encargado de financiar las obras de la ronda, tendría que ver con las liquidaciones que se realizaron vinculadas con este proyecto. Por ese «error de forma» denunciado, el ayuntamiento decidió devolver el importe cobrado «y compensaron la devolución con un nuevo importe girado», una estrategia «desestimada» por los tribunales, como explicaron ayer desde el consistorio a través de un comunicado.
Las maniobras administrativas no han servido para evitar que el ayuntamiento tenga que hacer frente al pago de casi un millón de euros, aunque este no sería el único inconveniente al que tiene que hacer frente el municipio en relación a esta obra. De hecho, existe otro proceso judicial abierto por el que la administración local demanda a la empresa por incumplimiento de contrato. Una de las condiciones para la adjudicación de la concesión era la contratación de un centenar de vecinos que, según se puso de manifiesto en la denuncia, no fue así.
La penalización impuesta fue de 225.000 euros, aunque la propuesta fue recurrida por la empresa y en la actualidad, el proceso se encuentra a la espera de que el juzgado determine su esas penalidades deberían de aplicarse.
Wenceslao Alós manifestó ayer que «si la corporación anterior no se hubiera demorado tanto en iniciar el trámite de las penalidades, posiblemente ahora el ayuntamiento de Moncofa ya habría cobrado». Pero sus críticas no quedaron ahí. Alós responsabiliza a los socialistas de los problemas que está generando este proyecto al pueblo. «Con el objetivo de ganar las elecciones de 2011, prometieron trabajo, pero una vez pasadas las elecciones se olvidó de supervisar la contratación de personal lo que finalmente ha acarreado un nuevo procedimiento judicial para el ayuntamiento», señaló.
