El equipo de gobierno de Alternativa por Navajas llevará ante la Fiscalía las irregularidades que el informe emitido por el Síndic de Comptes, Rafael Queralt, ha sacado a la luz sobre las cuentas de la población tras realizar una auditoría de 2013. Así lo confirmó ayer la concejala de Hacienda, María Domínguez, quien apuntó que el equipo de abogados del ayuntamiento está estudiando el modo de denunciar ante la Fiscalía todas las ilegalidades que se desprenden de la auditoría. «Está previsto que durante esta semana se lleve el caso ante la Fiscalía de Castelló para que tome cartas en el asunto y pedir las responsabilidades a quien se tengan que pedir», anunció.
El informe, emitido por Rafael Queralt tras llevar a cabo una auditoría de las cuentas de 2013 que se retomó en noviembre de 2015 después de que en mayo fuera paralizada por falta de documentación, pone de manifiesto irregularidades a la hora de gestionar las subvenciones de las entidades provinciales, falta de documentación administrativa, falta de informes para gestionar contrataciones de obras y confirma un certificado en el que el propio secretario del ayuntamiento admite haber redactado «documentos con información falsa para recibir las subvenciones de la Diputació provincial de Castelló».
Un sinfín de irregularidades que, tal como apuntaba ayer Domínguez, «vamos a trabajar para pedir responsabilidades y tomar las acciones legales pertinentes, ya que estamos tratando de asuntos de bastante gravedad». En este sentido, destacó la edila, «no solo hablamos de la falsedad documental que reconoce haber realizado el propio secretario ante el Sindic, que también, sino de la falta de informes a la hora de adjudicar contratos, la falta de documentación de todo tipo y el caos en el que andamos metidos por la gestión económica anterior y el que no se haya hecho nada durante mucho tiempo».
Y es que, matiza Domínguez, «los resultados de la auditoría la verdad es que nos han sorprendido, porque sabíamos que habían muchas cosas, pero hasta el punto de falsear documentos y que se reconozca no lo esperábamos».
La concejala, que estos días anda reunida trabajando con el equipo de gobierno, los abogados y el propio secretario para intentar sacar adelante el día a día del ayuntamiento apuntó que «realmente la auditoría no hace sino poner de manifiesto el tremendo caos en el que estamos metidos y que todavía existe». «Hay pagos por ejecutar a muchos proveedores que día a día vienen a reclamar al ayuntamiento, pero como no hay facturas, ni contratos, ni nada, está resultando muy difícil gestionar todo esto. Nosotros tampoco podemos pagar algo de lo que no existe ni siquiera una factura que lo demuestre, ya que estaríamos también incumpliendo la ley», explica.
Reclamar el pago por vía legal
Un hecho, que está haciendo que muchos de los proveedores que esperan cobrar hayan comenzado los trámites por la vía legal para reclamar el pago de facturas. Domínguez resaltó que «estamos en una situación compleja y lo que molesta es que encima la oposición se posicione en nuestra contra, a pesar de estar trabajando para sacar adelante esto».
Como adelantó ayer Levante de Castelló, en su informe, el Síndic destaca en la mayoría de capítulos la inexistencia de documentos con los que trabajar como los libros de la contabilidad municipal de 2013, ni la cuenta general, «lo que ha supuesto una limitación total a la auditoría de los aspectos financieros y, en especial, de la revisión del resultado presupuestario y del remanente de tesorería». «La falta de rendición de cuentas y de la documentación requerida supone que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados por el ayuntamiento».
La sindicatura resalta que la fiscalización pone de manifiesto «la inexistencia de un control interno adecuado» y «no consta que durante el ejercicio 2013 el secretario interventor haya realizado todas las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, de control financiero y de control de eficacia» como la total carencia de los registros contables que ha supuesto «no poder analizar la gestión y contabilización de los anticipos de caja fija y de los cobros y pagos pendientes de aplicación».
Queralt alerta que los 6 expedientes de obras realizados en 2013-2014 cuentan con incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de contratación y destaca que «el órgano de contratación del ayuntamiento no ha cumplido con las obligaciones legales de información contractual». En este sentido, el ayuntamiento certificó en 2013 y 2014 seis contratos (no menores) por un total de 444.485 euros, todos adjudicados «por procedimiento negociado sin publicidad». En el informe consta que falta de expedientes de propuestas de adjudicación, de informes, modificaciones presupuestarias no acreditadas, pagos injustificados superiores a lo acordado en los contratos de obras y falseamiento documental para recibir subvenciones de la diputación.
