El PSOE y la confluencia catalana de Podemos, En Comú Podem, tratarán de buscar hoy un acuerdo en la Comisión de Industria del Congreso sobre el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén subterráneo de gas natural Castor y sobre la reclamación a la concesionaria Escal UGS de la devolución de la indemnización por extinción que se le ha tenido que abonar.

En su iniciativa, En Comú Podem exige un calendario para el desmantelamiento del proyecto negociado entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y la catalana, junto con los ayuntamientos afectados, que contemple el desmantelamiento de las instalaciones, y que sea «responsable, transparente y no oneroso para las arcas públicas», según ha defendido el portavoz de Industria de la formación, Josep Vendrell.

A través de una enmienda, el PSOE se centra en pedir el cierre definitivo de la instalación y reclama «una mayor contundencia» en la exigencia y ejercicio de transparencia para conocer las causas y consecuencias del cierre del almacén, así como en su desmantelamiento con la oportuna reparación medioambiental.

«La hibernación no debe ser el final del proceso, sino el cierre definitivo y desmantelamiento, dando así una garantía cierta a los municipios que sufrieron seísmos de que no habrá más y de que habrá una recuperación medioambiental y paisajística», explica el coordinador del Grupo del PSPV-PSOE en el Congreso, Herick Campos.

Sobre las indemnizaciones, los socialistas también reclaman que sea la empresa que promovió Castor, o sus accionistas, los que asuman el coste, «sin que en ningún caso recaiga este coste en los ciudadanos, ni con fondos públicos, ni con recargos en los recibos». Para ello, consideran «prioritario» continuar con las acciones legales en curso para «dar luz y exigir responsabilidades sobre en qué condiciones se puso en funcionamiento Castor y las indemnizaciones otorgadas por el Gobierno».

Fue el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien impulsó el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados y senadores del PSOE contra la decisión del Gobierno de «otorgar de forma directa y sin ningún tipo de investigación, una compensación a los promotores de Castor», según recuerda Campos.

En ese sentido, señala que en la enmienda presentada por el PSOE también se exige conocer por qué en la indemnización se incluyen los sobrecostes, qué hizo que el coste inicial de más de 400 millones de euros pasara a 1.000 millones y por qué no se ha esperado a saber qué falló, al igual que conocer los informes que avalaban la instalación o la ejecución del proyecto.

Campos lamenta que «el PP siga empeñado en culpar al PSOE por el proyecto o la cuantía de la indemnización, cuando la empresa no contaba con la autorización definitiva, la cuantía la fijó el PP sin investigar nada, con un decreto ley con el voto en contra para su tramitación parlamentaria».