El ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha iniciado los trámites para solicitar a un juez que autorice la apertura de varios nichos del cementerio municipal al existir serias sospechas que apuntarían a que se cerraron, a pesar de estar vacíos, con el único objetivo de beneficiar a terceros. Así lo anunció hace un días el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente y así lo concretó ayer después de la apertura de una comisión de investigación a través de la cual se pretende esclarecer si en la legislatura pasada se cometieron, presuntamente, delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Aitor Iureta Oteiza es el nombre que levantó las primeras dudas, una lápida situada en la zona más alta de una sección de nichos, así como la existencia de otro espacio que está tapado, pero en el que no hay ninguna seña identificativa sobre su supuesto ocupante. Según corroboró ayer el edil, Antoni Llorente, la única manera de comprobar si las sospechas son ciertas es obteniendo una autorización judicial, dado que no se habrían cumplido los 5 años desde que, en teoría, se produjo el enterramiento.
En la actualidad en la comisión de investigación, dirigida por un funcionario designado expresamente para que desempeñe esta tarea, se están comprobando los cuadrantes de las jornadas laborales de los empleados del cementerio, a fin de poder saber quién trabajó los días en que se produjeron los hechos, sobre los que queda clara constancia en el registro del cementerio. De cualquier modo, según avanzó Llorente en su momento, todo apuntaría a que en el momento en que se abran ambos nichos, no se encontrará nada en su interior.
Tres posibles delitos
Si es así, como denunció el portavoz del tripartito, el anterior equipo de gobierno y en concreto quien autorizara estas acciones, podría haber cometido hasta tres delitos distintos. Por una parte prevaricación, porque la adjudicación de los nichos «está claramente regulada por la ordenanza municipal y no cumplirla de manera voluntaria significa estar actuando mal conscientemente».
Otro delito sería el de malversación de fondos públicos, porque «los nichos se venden por unos 1.000 euros cada uno», permitir que algunos queden vacíos supondría dejar de ingresar el dinero que cuestan. Y por último, de probarse que Aitor Iureta Oteiza, como se sospecha, o existe, se habría incurrido en un delito «de falsedad en documento público, porque se habría inscrito este nombre falso en el registro de entrada del cementerio».
En definitiva, para Antoni Llorente los hechos serían suficientemente graves como para que algún representante del Partido Popular diera explicaciones públicas al respecto «pero han pasado casi dos semanas sin que lo hagan».
Sobre el fondo de la cuestión el portavoz del PP, Óscar Clavell, no quiso pronunciarse «todavía», aunque lo que sí que afirmó es que «el mismo día en que hicieron públicos los hechos contacté en persona con Antoni Llorente para ponerme a su disposición». El alcalde de la Vall cuando supuestamente se produjeron los hechos aseguró que «hasta el momento nadie se ha puesto en contacto conmigo».
Piden explicaciones al PP
Antoni Llorente avanzó ayer que se está avanzando en la investigación y confirmó que «cuando lo tengamos todo hilvanado, trasladaremos todas estas cuestiones a las autoridades pertinentes». En cuanto a las valoraciones políticas, para el portavoz del tripartito sería «un ejemplo más de cómo actuaba quien consideraba que aquello público le pertenecía como algo propio y personal». Llorente concluyó que emplazando al portavoz del Partido Popular a que explique públicamente qué sucedió «y qué se obtuvo a cambio de tomar estas medidas».
Sobre la identidad del único nicho que se cree que está vacío a pesar de tener una lápida, Antoni Llorente ya apuntó hace dos semanas que se habrían hecho algunas indagaciones en el padrón municipal, en el DNI y en Tráfico y no constaría ninguna persona con ese nombre y esos apellidos, aunque se siguen consultando otros registros para poder tener una certeza absoluta.
