El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Vila-real en el contencioso que mantenía contra la Generalitat por la deuda que mantenía el Consell con el municipio por la construcción de la actual Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC). El fallo reconoce el derecho del consistorio a percibir de manera íntegra la totalidad de la cantidad adeudada, que asciende en la actualidad a 1,9 millones de euros, a los que podrían sumarse los intereses generados desde el año 2012.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, dio cuenta ayer de la «buena noticia» para la ciudad que supone la resolución judicial, que ya ha trasladado también al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. «Desgraciadamente, va a tener que ser el nuevo Consell autonómico el que se haga cargo, una vez más, de los empastres de sus antecesores del Partido Popular, sumando estos casi dos millones de euros a los 40.000 millones de deuda acumulada que les dejaron en herencia», señaló Benlloch, quien se mostró muy satisfecho de una sentencia que «restituye los intereses y los derechos de los vila-realenses».
«La construcción de la Biblioteca de Pío XII fue un símbolo más del despilfarro del PP en esta Comunitat y en esta ciudad y nos colocó incluso en un ridículo nacional cuando fue inaugurada en 2011, de prisa y corriendo, absolutamente vacía de contenido hasta el punto que llegó a conocerse como la biblioteca sin libros», recordaba ayer el alcalde. El proyecto, hoy convertido en un «contenedor de talento», costó 4,2 millones de euros que, en virtud de un convenio firmado en 2007 entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Generalitat Valenciana, debía ser cofinanciado entre ambas administraciones. En concreto, el Consell debía aportar 2.425.000 euros hasta 2012 en varias anualidades, que posteriormente modificó de manera unilateral y arbitraria, tal como reconoce la propia sentencia, en dos ocasiones, prolongando la obligación de pago hasta el año 2021. El resultado es que, once años después de la firma del convenio, el Ayuntamiento de Vila-real tan sólo ha ingresado de la Generalitat 542.000 euros. El resto ha sido asumido por el consistorio, por lo que actualmente la deuda por la Biblioteca asciende a 1.883.000 euros.
Primer incumplimiento en 2010
El primer «incumplimiento» del convenio se produjo en el año 2010, cuando, recordó Benlloch, la Generalitat modifica el plan de pagos de manera unilateral. «Ni Juan José Rubert, entonces alcalde; ni el entonces conceller Alejandro Font de Mora o Héctor Folgado como concejal dijeron nada y permitieron al Consell del PP prolongar sin consentimiento municipal los pagos pendientes hasta 2017», lamentó el alcalde. «Pero tampoco pagaron y, en octubre de 2013», puntualizó, «se produce la segunda modificación de anualidades, que pretendía postergar el cumplimiento de la obligación con los vila-realenses hasta el 2021».
Al tener conocimiento de esta intención, Benlloch presentó una reclamación amistosa a la Generalitat «que nunca nos fue contestada. Por eso fuimos a los tribunales, para defender los intereses de los vila-realenses y restaurar nuestros derechos, porque pensamos que no sólo el PP se había portado mal con Vila-real sino que, además, lo que había hecho era ilegal. La justicia nos ha dado la razón», argumentó.
En concreto, el fallo emitido por el Tribunal Superior destaca el «arbitrio» y la unilateralidad con la que actuó la Generalitat al modificar los pagos y considera que «no se produjo un reajuste en el calendario de pagos sino un incumplimiento manifiesto del convenio». «Es una muestra más», lamentó Benlloch, «de la forma de actuar del PP en la Comunitat y en Vila-real: ilegalidades a montones, sin diálogo y sin importarles lo más mínimo el daño económico que estaban infligiendo al ayuntamiento y a los vila-realenses», finalizó Benlloch.
