La nueva gestora que ha asumido el mando de la Confederación de Empresarios de Castelló plantea proponer en las próximas junta y asamblea de la entidad, que se celebrarán el 8 de agosto, la suspensión temporal de sus funciones del secretario general, Rafael Montero, tras ser procesado en la causa de los cursos de formación.
El veterano dirigente, que lleva tres décadas en la CEC, se ha quedado sin aliados por su implicación en el caso judicial. Se resistió hace una semana a acompañar en su renuncia al expresidente, José Roca, quien fue forzado por sus vicepresidentes, pero su procesamiento, hecho público el viernes, lo ha puesto en el disparado entre el empresariado de la provincia. Ante de conocerse el auto judicial, la gestora sólo preveía llevar a la reunión del día 8 la confirmación de su nombramiento, pero con la novedad judicial quiere abordar también la posible salida de Montero.
Fuentes de la patronal avanzaron a este diario que la gestora estudia pedir la suspensión de su cargo de Montero esgrimiendo la causa judicial, sin descartarse una destitución fulminante. Parte de la junta baraja solicitar su despido por el daño que ocasiona en al CEC el caso de los cursos de formación. Esta fórmula no llevaría aparejada el pago de una indemnización.
Asimismo, la CEC, subrayan las mismas fuentes, piensa sacar a la venta los tres coches de la entidad, uno de los cuales ha correspondido al secretario general, para conseguir fondos económicos ante su complicada situación económica.
El juez de instrucción número uno de Nules, Jacobo Pin, ha procesado a Montero, al directivo, José Antonio Espejo, además de a la propia CEC y a Cierval y a cuatro empresarios por un presunto fraude de 1,8 millones en ayudas públicas a cursos de formación de 2009 y 2010 que presuntamente no se habrían desarrollado. De la CEC implica a Montero y Espejo, afirmando en el auto de que existen «indicios» de que «aprovechándose de sus cargos orgánicos «se concertaron» con los empresarios «Elodia Salvador Benedito, Elodia Benedito Salvador, Rufino Martínez, y Álvaro García para beneficiarse económicamente del expediente público que incluye la subvención de un plan de formación intersectorial».
Diversas fuentes de la CEC creen que Montero, que guarda silencio desde el viernes, pretende forzar su marcha para cobrar la indemnización, aunque gracias a la última reforma laboral que respaldó cobraría menos dinero que si estuviera vigente la anterior normativa. La CEC justificaría pérdidas y le abonaría 20 días por dos años trabajados.
La Gestora asumió el mando el lunes pasado de la CEC con el objetivo de sanear las cuentas de la organización. Las elecciones a presidente se aplazan sin fecha. Al día siguiente presentó la declaración de preconcurso, aunque el presunto fraude podría obligara al CEC a pagar otros 1,2 millones y abocarla de manera irremediable al concurso. Al mismo tiempo, tiene que negociar con la Cierval el proceso de redifinición de las patronales que propone esta última y pretende conservar un grado de autonomía similar al actual.
