El secretario general de la Confederación de Empresarios de Castelló, Rafael Montero, parece que tiene los días contados en la organización, en la que permanece desde hace casi tres décadas, tras ser procesado en la causa de los cursos de formación. La nueva gestora de la CEC ya no sólo abordará la suspensión de sus funciones en la asamblea del próximo día 8, sino que ya estudia la fórmula para despedirlo sin pagar una indemnización.
La gestora ha ampliado los puntos del orden del día de la asamblea a fin de debatir la salida del secretario general después de hacerse público el último auto judicial, tal como informó este diario. De entrada se da por segura la suspensión en sus funciones del secretario general, pero el gobierno provisional de la CEC ha mantenido reuniones con un abogado para analizar cómo se le puede destituir sin abonar indemnización o sufragando la mínima cantidad posible, según indicaron fuentes de la patronal. Un sector de la junta considera que se ha de tener en cuenta el posible daño económico que genera en la asociación el presunto fraude de 1,8 millones en los cursos de formación.
En el caso de que no haya más remedio que pagar una indemnización, la patronal barajaría un despido objetivo aduciendo la situación de pérdidas de la entidad, lo que comportaría una indemnización de 20 días por dos años máximo trabajados -cerca de 100.000 euros-. La última reforma laboral facilita los despidos procedentes, lo que sería una paradoja para un dirigente defensor de la última modificación laboral. En el seno de la CEC se piensa que Montero se aferra a su puesto laboral para cobrar la indemnización, pero este objetivo se le ha complicado por la causa judicial.
La gestora también llevará a la reunión del 8 la ratificación de sus integrantes, que asumieron el mando de la CEC hace una semana en lugar de José Roca, quien renunció a su cargo tras 29 años forzado por sus tres vicepresidentes. Llevará las riendas de la patronal hasta que se clarifique la situación económica. La deuda ronda los 1,5 millones de euros y suma impagos con proveedores y trabajadores desde hace más de tres meses, per se desconoce a ciencia cierta el estado económico, ya que, según la patronal, Roca y Montero llegaron a presentar hasta cuatro balances distintos.
La gestora está integrada por Carmelo García (transporte de mercancías), Vicente Cuevas (transporte de viajeros), Néstor Pascual (Fepac), Maite Balada (asociación de mujeres empresarias) y José Vicente Bono (Asebec). Su primer reto será el de pilotar la CEC en el proceso de preconcurso, a través del que negociará con sus proveedores y se afanará en aumentar sus ingresos. Si la situación económica continúa sin solventarse transcurridos los cuatro meses, la patronal castellonense entraría en concurso.
Pero el auto de procesamiento en el caso de los cursos de formación agrava las cuentas de la patronal. Hasta el momento la investigación apuntaba un posible fraude de 600.000 euros, una cantidad que ya ha sido devuelta a la Generalitat a través de la Cierval, a la que se adeuda este dinero. Pero el juez, tras finalizar la instrucción, incrementa el presunto desfalco hasta los 1,8 millones; es decir, la CEC podría verse obligada a reintegrar al Consell otros 1,2 millones de euros, lo que complicaría más si cabe su viabilidad.
La gestora aplaza sin fecha la convocatoria de nuevas elecciones a la presidencia, para la que un sector postula al extesorero, Juan Manuel Suárez.
