En la marjaleria de Nules-Borriana existen tantos problemas como vecinos afectados por la declaración de gran parte de este territorio como zona húmeda protegida. La semana pasada el concejal de Urbanismo de Nules, Adrián Sorribes, confirmaba que se habían producido varios derribos por parte de los propios propietarios que se han rendido ante la legalidad vigente y las denuncias coercitivas que impone la Generalitat Valenciana. De hecho, a principios de esta misma semana se habían producido al menos dos más, pero no todos los afectados están dispuestos a tirar la toalla. Juan José Rovira, vecino de Borriana, acumula 15.600 euros en multas por lo que ahora se considera una construcción ilegal, pero se niega a rendirse ya que, su caseta del marjal es su único hogar.
Rovira era vecino de Borriana hasta que decidió construirse una casa en la marjaleria de Nules para pasar el verano, tras su separación se convirtió en su vivienda habitual. Como argumentan en su defensa la mayoría de los propietarios con órdenes de derribo, Rovira asegura que acudió al ayuntamiento para pedir autorización para construir. «El alcalde en aquel momento me dijo en persona que no me preocupara, que la construyera sin problemas, que no iba a pasar nada, y le hice caso», asegura.
Las obras duraron un año y medio, «durante ese tiempo no vino nadie a decirme que no podía continuar, si me hubieran advertido de lo que iba a pasar, habría parado la obra», añade. Pero no hubo avisos, en este extremo es contundente.
Al separarse, convirtió esta casa en su vivienda habitual y fue entonces, en 2008, cuando le llegó la primera denuncia y orden de derribo. El impacto inicial fue duro, porque la administración autonómica le exigía el pago de 8.000 euros más intereses, alcanzando los 10.000, por haber construido sin permiso en suelo rústico y especialmente protegido. Rovira se encontró con una hipoteca de 40.000 euros que pagar y una orden de derribo sobre su casa.
Desde ese momento, según él mismo describe, los palos han sido constantes. «Esto es como un cáncer, que no te mata de golpe, sino poco a poco, eso es lo que están haciendo con nosotros», describe con indignación.
Al plantearle la evidencia de que su casa es ilegal y que él la construyó sabiendo que no existía autorización, no duda en su defensa. «También fue ilegal permitírmelo, como al resto de la gente, y no decirme nunca que no podía construir, tuvieron un año y medio para hacerlo, pero parece que se esperaban a que las casas estuvieran acabadas, porque esto es un negocio redondo para ellos».
Rovira tuvo un respiro cuando la Generalitat le notificó que el delito urbanístico había prescrito. La agonía parecía haber llegado a su fin, solo le quedaba pagar el préstamo de la primera denuncia y seguir viviendo. Pero recientemente, «no sé por qué», volvieron las multas, hasta dos más, la primera de unos 2.000 euros y la segunda de 3.600 euros. «He preguntado y me han dicho que el delito urbanístico sí que ha prescrito, pero el medioambiental no».
Si le preguntas por qué no se rinde y abandona ante la triste realidad de que el destino final parece que sea el derribo, este vecino explica que «los abogados dicen que el escrito donde me dicen que el delito ha prescrito es una buena defensa, pero es que además no puedo tirarla, no me lo puedo permitir». Juan José tiene claro, de esta manera, que él no estará entre los propietarios que demolerán su propiedad voluntariamente.
El tiempo va a seguir pasando para Rovira, como para el resto de afectados en su situación, que pueden llegar a acumular hasta diez denuncias. Tras la última el derribo se plantea como irreversible. Al menos 250 construcciones pueden correr la misma suerte.
