Los grupos municipales de PSPV-PSOE, Compromís y Castelló en Moviment (CSeM) han presentado este lunes una propuesta conjunta para la revisión de las ordenanzas consistente en la reducción del gravamen del IBI un 5,01 por ciento, que pasaría del 0,7875 al 0,7475 por ciento, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Esta propuesta, que ha sido realizada en la reunión mantenida este lunes con el resto de fuerzas políticas en el grupo de trabajo constituido para este fin, también incluye la bajada del tipo de gravamen de rústica, que pasaría del 1,07 al 0,80 por ciento.
Otra modificación planteada es la nueva tributación para los inmuebles de uso no residencial, a los que se aplicaría un 0,85 por ciento, aunque sólo al 5 por ciento de las unidades fiscales con valores catastrales más altos. El IBI de características especiales del puerto sube hasta el 0,90 por ciento.
La revisión planteada por los tres grupos incorpora una modificación de las bonificaciones fiscales a las familias numerosas, que tendrán un carácter más progresivo, al contemplarse tanto el valor catastral del inmueble como la renta familiar. En el caso de las familias con algún miembro en situación de dependencia, se establece el máximo de bonificación por renta.
Con respecto al IBI también se propone una bonificación para los inmuebles cuya actividad declarada esté relacionada con la cultura, como una forma de compensar el "elevado" IVA cultural. Se beneficiarían las galerías de arte, librerías, salas de cine, teatros, salas de conciertos e inmuebles destinados a la producción y representación cultural.
Bonificaciones usos sociales
También se propone una bonificación del 30 por ciento en el IBI a los inmuebles destinados a uso social -cesión gratuita o alquiler social a familias en riesgo de exclusión o en proceso de inclusión-, tras la certificación de la Concejalía de Bienestar Social.
Sube la tasa de basura
La tasa de recogida de residuos sólidos urbanos contempla un ligero incremento, que compense la subida en el coste del servicio y que a las unidades fiscales de uso residencial se aplicará por tramos, tomando como referencia el valor catastral de los inmuebles. También se contempla la creación de un epígrafe diferenciado para las familias en situación de exclusión social.
La propuesta incluye ajustes de menor relevancia en el catálogo de impuestos y tasas. Al margen de las ordenanzas fiscales, se incorpora el compromiso de solicitar una nueva ponencia catastral en 2017 para ajustar los valores de los inmuebles a la realidad y la creación del Consejo Municipal de Inspección.
