«La situación financiera es de un caos absoluto, no se sabe la situación real de las cuentas de la CEC», lamentaron ayer fuentes de la patronal. Es por ello que la nueva gestora realizará la auditoría de la gestión en el año 2015 de José Roca y Rafael Montero para comprobar el estado financiero de la CEC. Asimismo, solicitará cuotas pendientes de cobro a las asociaciones sectoriales.
Fuentes de la entidad explicaron que se han de cobrar estas cantidades ya que, según afirman, un juez podría embargar estos pagos en el caso de que la organización presente el concurso de acreedores.
La patronal castellonense tiene hasta el 31 de octubre para decidir si se declara en la antigua suspensión de pagos, pero desde el seno de la organización se antoja muy complicado evitar el concurso ante los graves problemas económicos que atesora.
Una gestora integrada por cinco personas asumió el mando de la CEC el pasado 29 julio en lugar de José Roca, a quien sus vicepresidentes obligaron a dimitir unos pocos días atrás. La nueva dirección era consciente de la delicada situación financiera, pero tras un mes ha comprobado que el agujero puede ser mayor al previsto ante la falta de claridad en las cuentas heredadas por Roca y Montero. Al respecto, las mismas fuentes señalan que la deuda de las asociaciones no está plasmada en ningún documento.
No vale el presupuesto de 2016 ni el plan de viabilidad que presentó Roca poco antes de marcharse por ser inviable y estar alejado de la realidad de ingresos. Primero se llevará a cabo la citada auditoría de las cuentas de 2015.
Los pagos pendientes con los proveedores se seguirán mientras tanto demorando. La CEC acumula una deuda cercana a los 1,5 millones de euros. 500.000 euros corresponden a devoluciones que ha realizado la Cierval al Consell por ayudas a cursos de formación de la CEC que investiga la justicia por un presunto fraude. También ha de hacer frente a una demanda presentada por nueve trabajadores por impagos de las nóminas de cuatro meses.
Además, estudia la fórmula más económica para despedir al ex secretario general, Rafael Montero, quien continúa en nómina pese a su destitución. La patronal admite que no tiene dinero para asumir una posible indemnización, pero en estos momentos no puede esgrimir las causas económicas o la vía judicial para reducir la indemnización de Montero, ya que en el primer caso está pendiente la auditoría y en el segundo falta una sentencia en firme. Por ello Montero se mantiene en su puesto.
