La nueva gestora de la Confederación de Empresarios de Castelló confía en cerrar en sólo dos semanas el despido de Rafael Montero, que fue reemplazado de la secretaría general el pasado mes de agosto. Montero continúa de empleado a la espera de pactar la indemnización que considera que le corresponde tras casi 30 años de servicio. La CEC quiere pagarle lo mínimo posible por falta de fondos y porque se le considera en parte responsable del agujero económico y de la causa judicial que ha heredado. El ex secretario general y otro exdirectivo, además de la propia patronal, están procesados por un presunto fraude de 1,8 millones en ayudas públicas a cursos de formación previstos en 2009 y 2010.
La asamblea de la organización castellonense destituyó el 8 de agosto a Montero de la secretaría general tras hacerse público el auto judicial de su procesamiento. Montero había sido el hombre fuerte de la CEC durante casi tres décadas. En julio había sido forzado a dimitir José Roca de la presidencia. Montero se negó a marcharse de forma voluntaria. A partir de ahí, la nueva gestora que ha asumido el mando de la entidad, con la ayuda de un abogado laboralista, inició unas negociaciones con el ex secretario general para acordar su salida.
Se pueden dar tres posibilidades: una salida sin indemnización argumentándose su procesamiento; un despido objetivo con el pago mínimo de 20 días por año trabajado; o un improcedente, que comportaría una indemnización de 45 días por año trabajado. La primera opción tiene pocos visos de prosperar porque el procedimiento judicial todavía se encuentra en curso, así que la nueva cúpula planea hacer uso de la situación financiera crítica de la CEC, que se encuentra al borde del concurso de acreedores, para abonar sólo los 20 días por año trabajado. De esta forma, Montero cobraría 100.000 euros, aunque por la insolvencia de la CEC el Fogasa se haría cargo de un 60 %
El problema en este sentido es que con el balance legado por Roca y Montero se desconoce el estado real de las cuentas, según fuentes de la patronal. Es por ello que la CEC ha solicitado la realización de una auditoría. Hasta mediados de octubre no estaría listo, pero según las mismas fuentes, se espera conocer antes el estado de las cuentas de este año. Con estos números, la patronal espera poder resolver el despido de Montero. Estos datos y la consiguiente resolución del despido se podrían conocer en dos semanas, añaden.
La CEC tiene abierto tres frentes; laboral con las negociaciones de Montero y la demanda por impagos de nóminas de ocho trabajadores; económico, con una deuda cerca a los 1,5 millones de euros y que podría desembocar en el concurso de acreedores; y judicial por el presunto fraude. En este último caso podría verse obligado a devolver más dinero al Consell tras ser reintegrados 600.000 euros.
La patronal tiene de tiempo hasta el 31 de octubre para decidir si se declara en suspensión de pagos. La gestora tiene el objetivo de enderezar el rumbo económico de la CEC. Los empresarios valoran el cambio de gestión que imprimido la nueva gestora, de la que destacan que intenta poner orden tras el caos de los últimos tiempos de Roca y Montero. Pero la gestora parce que tendrá escaso margen para evitar el concurso de acreedores. Ahora se afanará en cobrar cuotas pendientes a las asociaciones sectoriales, aunque estas aportaciones se presentan como insuficientes.
Recelos de nuevas empresas
Fuentes de la patronal señalan además que la aún permanencia de Montero ahuyenta la entrada de posibles nuevas empresas al seno de la CEC.
