Las dudas que desde el principio generaron los Planes Zonales de Residuos siguen arrastrando inconvenientes, como se desprende de una sentencia judicial que reconoce a la empresa que gestiona los ecoparques construidos en varios municipios de la provincia de Castelló su derecho a reclamarles a varios ayuntamientos, entre ellos la Vall d'Uixó y Nules, las facturas impagadas de los años 2012 y 2013, que en el caso del primero superarían los 620.000 ?, tal y como denunció su concejal de Medio Ambiente, Jordi Julià.
Pero la realidad es más confusa porque, según explicó ayer el diputado provincial de Medio Ambiente, Mario García, la empresa no denunció a los ayuntamientos, sino al consorcio, «y lo que ha dicho el juez es que, de acuerdo con la ley vigente en ese momento, al consorcio no le corresponde pagar la deuda y que la empresa lo que debería de hacer es reclamar a los ayuntamientos», por lo que estos, de acuerdo con esta resolución, no estarían obligados a asumirla y todo dependería de que la empresa iniciara un nuevo proceso judicial contra los consistorios.
Origen
El origen de la problemática, según afirmó el diputado provincial, estaría en que a la hora de articular la aplicación de los Planes Zonales, en el año 2007, se dejaron por resolver algunas cuestiones importantes, como quién tendría que pagar el coste de mantenimiento de los ecoparques. Se generó «un vacío legal» que tuvo como consecuencia que en los años 2012 y 2013 la empresa no cobrara.
El trámite que seguían las facturas, al menos en el caso de la Vall, era siempre el mismo: la empresa la presentaba en el ayuntamiento, los servicios técnicos la tramitaban, el concejal la conformaba y el alcalde, en este caso Óscar Clavell, no autorizaba el pago y solicitaba que se remitieran al Consorcio. Los técnicos de la diputación provincial no las aceptaban, atendiendo a una normativa que no precisaba esta opción, y en resumen, las cantidades iban acumulándose y la empresa veía como la pelota se pasaba de un tejado a otro sin que se liquidaran los compromisos.
Mario García defiende que la pasada legislatura se dio solución a esta problemática regulando la competencia de la gestión de los ecoparques, que quedó en manos de los organismos provinciales, lo que tuvo su constatación en un aumento del recibo de la tasa por gestión de residuos que reciben los vecinos de la zona en sus casas, por lo que desde 2014, la empresa comenzó a cobrar por su trabajo.
Pero para las facturas de 2012 y 2013 no hay una solución fácil. Mario García explicó ayer que los ayuntamientos, en principio «no deberían pagarlas», porque incurrirían en una irregularidad, dado que «ninguno tiene un contrato firmado con la empresa». De hecho, llegó a defender que, personalmente, tenía el convencimiento de que los tribunales iban a dar la razón a la empresa obligando al consorcio a pagar la deuda, solucionando así el vacío legal y los reparos técnicos.
