La unidad de delitos económicos y anticorrupción de la Fiscalía de Castelló ha abierto diligencias de investigación en relación a las 4.713 facturas y los informes económicos que la Conselleria de Sanidad trasladó a la Fiscalía anticorrupción de Valencia el pasado mes de junio.
Se trata de una denuncia que interpuso el actual gerente del Consorcio del Hospital Provincial de Castelló, Joaquín Sanchis, sobre el grueso de facturas de las empresas Piaf y Telecso remitieron al centro sanitario entre 2006 y 2015.
La dirección económica del provincial redactó en su informe las presuntas irregularidades, entre las que se encuentran contratos de mantenimiento con facturas por muy por encima del coste, facturas sin el correspondiente expediente de contratación e incluso la sospecha de facturas relativas a trabajos no realizados.
El volumen de facturas más importante se refiere a las empresas Piaf y Telecso con un volumen de facturación de 17,5 millones de euros y 6,5, respectivamente.
En el caso de la primera, ya extinta e imputada en diversos casos de corrupción como Gürtel o las facturas de 600.000 euros del Ayuntamiento de Vila-real, se refiere al periodo de Carlos Fabra como presidente de la Diputación de Castelló y presidente del consorcio.
Según apuntó el departamento de Sanidad, se habían detectado 12 millones de euros facturados por Piaf «que exceden su presupuesto inicial» y 5,5 millones en facturas que carecían de expediente de contratación.
En el caso de Telecso, empresa en vigor y que gestiona, entre otros el alumbrado público de Castelló, concierne sobre todo al periodo en el que Javier Moliner es presidente provincial y del consorcio, entre 2011 y 2015.
A este respecto, el propio Moliner declaró ayer que estaba «dispuesto a colaborar y contribuir a acelerar» el proceso de investigación que ha abierto la Fiscalía.
Más allá, Moliner aseguró que, desde la institución provincial no quieren que haya «ni una sombra de sospecha» y pidió que se «esclarezcan cuanto antes estas cuestiones».
Javier Moliner ya tuvo que declarar en casos de corrupción ocurridos bajo su mandato cuando compareció como testigo en el juicio contra el que fuera exvicepresidente de la diputación, Francisco Capdevila.
Por su parte, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, se mostró «satisfecha» por la decisión de la Fiscalía de admitir a trámite la denuncia. Montón señaló que «nadie nos va a meter miedo, no nos van a amedrentar, no nos van a disuadir a destapar cualquier irregularidad que encontremos en la gestión en los años pasados».
A su juicio, «el dinero público tiene que ser utilizado para fortalecer la sanidad publica y no para que nadie haga negocio a costa de los valencianos».
El vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, presentó en su día una querella contra la consellera de Sanidad «en nombre propio, pero representando a la Diputación de Castellón» por un supuesto delito de denuncia falsa. La Fiscalía archivó esta querella el 30 de septiembre por no encontrar base jurídica para investigarla.
La gestión del Hospital Provincial se lleva a cabo mediante un consorcio en el que están presentes a partes casi iguales pero con mayoría de la Consellería de Sanidad.
En el periodo que se investiga fueron consellers del ramo Rafael Blasco, condenado a una pena de seis años de cárcel por desviar fondos para cooperación al desarrollo, Manuel Cervera, Vicente Rambla y Luis Rosado, todos imputados en la trama Gürtel.
La denuncia de las 4.713 facturas hecha por la gerencia del hospital bajo el mandato de Joaquín Sanchis, vino a incrementar las irregularidades detectadas en su día por el anterior gerente, Rafael Arce, nombrado en 2013 bajo el auspicio de Javier Moliner y el conseller Manuel Llombart.
Arce llegó a denunciar que una empresa, Domotecnic SL , emitió 155 facturas inferiores a 18.000 euros entre el 3 de enero y el 1 de junio de 2014, supuestamente para fraccionar contratos.
