La Diputación de Castelló se mantiene firme en su petición ante el Consell en relación al Fondo de Cooperación Municipal. Desde la institución provincial insisten en reivindicarse como administración local y exigen a la Generalitat que iguale la cantidad de los Planes de Obras y Servicios, que en 2016 alcanzaron los 7,8 millones de euros.
La Ley de Régimen Local valenciana, vigente desde 2010 tras las actualización legislativa introducida sobre el texto de 1983, contempla la provincia como «una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad propia, autonomía y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines» y determina que la provincia es el ámbito territorial en el que la diputación ejerce sus competencias.
Es en este contexto en el que la Diputación de Castelló se presenta como administración local y exige al Consell que en el caso de crear el Fondo de Cooperación local aporte fondos a la diputación.
La creación del propio fondo también está reflejada en le ley de régimen local, que establece en el artículo 201.2 que serán beneficiarios «todos los municipios de la Comunitat Valenciana», sin ampliar el ámbito de aplicación.
En este sentido, el presidente Javier Moliner destacó que la petición responde al objetivo de la institución provincial «de redoblar su inversión en el territorio para dar respuesta a las peticiones de los ayuntamientos y a las necesidades trasladadas. Los POYS reflejan una ambiciosa línea de trabajo marcada por la Diputación a la hora de dar una respuesta útil al servicio de todos los municipios de la provincia».
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apuntó que «no es coherente que quien lo aprobó hace 16 años y no lo llevó a cabo, ahora se quedara al margen».
Puig se refirió de la creación del Fondo de Cooperación Municipal, que acordaron en el año 2.000 las diputaciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Consell, presidido en aquel momento por Eduardo Zaplana.
El director general de Administraciones Públicas de la Generalitat, Toni Such, apuntó que el fondo estará dotado de 110 millones de euros y que la petición a las diputaciones es de aportar el 5% de su presupuesto.
En este sentido, según los cálculos hechos en el Consell la diputación debería aportar 6 millones de euros de sus propios fondos para financiar el programa, lo que unido a la partida de la Generalitat, otros 6 millones, repercutiría en un fondo de 12 millones de euros que los municipios dispondrían ya en 2017.
