El comité de empresa de Imepiel amenazó con una huelga de hambre si no se pagaban, de manera inmediata, la nómina de septiembre.
En la edición de Levante de Castelló del 7 de noviembre de 1991 se recogía la amenaza de los 21 representantes de los trabajadores de la antigua (y mítica) Segarra, y se contaba el encierro de todos ellos en las dependencias del ayuntamiento de la Vall d'Uixó que se inició el día antes, el 6 de noviembre, y se iba a alargar «hasta que no se nos pague», explicó el presidente del comité de empresa, José Badenes, quien contó que todos los trabajadores de la firma «estamos sufriendo un sentimiento de impotencia impresionante pues hemos recurrido a todos los organismos posibles y no hay forma de que nos solucionen el problema».
El entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Francisco Granados, les aseguró que antes de que acabase el mes de octubre cobrarían la nómina adeudada, pero no fue así. Y en el momento en que los trabajadores decidieron tomar medidas, ya se les adeudaba también la de octubre.
En aquellos momentos, la empresa llevaba «más de dos meses totalmente paralizada y se encuentra con un vacío de poder», se informaba en el artículo, en el que se subrayaba que desde el comité de empresa se pidió la intervención judicial en la factoría «para que alguien tome el mando de la dirección de Imepiel», señaló Badenes, quien puntualizó que todo lo que estaba pasando «no es normal».
