La Generalitat Valenciana ha emitido contra la Confederación de Empresarios de Castelló una decena de expedientes de devolución de subvenciones adscritas a cursos de formación de 2009 a 2014 que suman más de 1,7 millones de euros, cuando la patronal era dirigida por José Roca y Rafael Montero.
Cierval ya ha satisfecho a la Administración autonómica 598.000 euros, de los que la CEC ha abonado 400.000. La patronal castellonense acumula 1,2 millones en subvenciones retenidas, que acaparan la mayor parte de los 1,7 millones de pérdidas. No obstante, ha presentado recursos contra ocho órdenes de reintegro, según la memoria de la auditoría presentada en la junta directiva de la entidad del martes, y confía en cobrar entre un 15 % y un 50 % de las ayudas retenidas.
Entre otros procesos, la patronal autonómica (Cierval) se vio obligada a retornar al Consell 478.579 por el programa formativo impartido por la CEC entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010. De esta cantidad, la organización provincial adeuda actualmente a la Cierval 80.000 euros. En relación a este mismo expediente, el Ejecutivo valenciano también reclamó otros 171.813 euros. Asimismo, la patronal tiene paralizado el cobro de 530.744 euros por el plan de formación intersectorial de 2012 y ha exigido diversas devoluciones por programas de riesgos laborales de 2008, 2009, 2010 y 2012 y por el plan de formación ocupacional de 2014, entre otros. La memoria añade que del programa de formación intersectorial de 2014 podrían ser requeridos 46.280 euros para su reintegro por parte de la Generalitat.
El Gobierno valencianos ha exigido estas devoluciones de ayudas de cursos formativos por no estar suficientemente justificadas, aunque la CEC ha presentado recursos contra la mayor parte de las notificaciones del Consell al asegurar que se llevaron a cabo.
Cabe recordar que el Servef presentó una denuncia a la fiscalía que luego ha derivado en un proceso judicial. El juzgado de instrucción número uno de Nules ha procesado al ex secretario general, Rafael Montero, a un exdirectivo de la CEC y a tres empresarios por un presunto fraude de 1,8 millones en subvenciones de planes formativos. En la memoria, la CEC, que en julio forzó la marcha del expresidente y nombró una gestora, defiende que «no ha incurrido en ilícito penal».
Recortes a partir de 2012
El documento indica que la patronal puso en marcha una primera reorganización en 2012 como consecuencia de la reducción de los importes conveniados con la Administración. La nueva gestora espera cobrar ahora cuotas pendientes de las asociaciones sectoriales, cuyo pago se aplazó en la etapa de Montero. Esta deuda oscila en torno a los 60.000 euros.
