El concurso de acreedores en la Confederación de Empresarios de Castelló ya no tiene vuelta atrás. La cúpula directiva ha optado por esta drástica decisión para poner fin a la herencia recibida de José Roca y Rafael Montero. Las asociaciones sectoriales se han comprometido a pagar las cuotas pendientes, pero esta cantidad es insuficiente para hacer frente a sus acreedores.
La comisión gestora ha convocado para el próximo viernes la junta directiva y la asamblea de la CEC para abordar la aprobación de las cuentas anuales de 2015 y la presentación del concurso de acreedores. Esta medida se ratificará ante del plazo límite del 28 de noviembre, informaron fuentes de la patronal. A partir de ahí, la entidad empresarial quedará dirigida por un administrador concursal, elaborará un plan de viabilidad y renegociará las deudas con sus acreedores.
La memoria de la última auditoría ha revelado unas pérdidas de 1,7 millones, de los que 1,3 millones corresponden pagos retenidos o devueltos de subvenciones de la Generalitat de cursos de formación. El citado informe evidencia que durante los años de gestión del ex secretario general, Rafael Montero, el Consell emitió una decena de expedientes a la CEC para que retornara 1,7 millones. Cierval ya ha devuelto 598.000 euros en nombre de la organización castellonense, de los que esta última ha aportado 400.000.
La Generalitat aportaba a la patronal de Castelló vía Cierval unas cuantías económicas en función del plan de formación que había planificado, y luego reclamaba el retorno de aquellas ayudas que consideraba que no habían sido suficientemente acreditadas. La patronal ha recurrido parte de estos expedientes y espera cobrar entre un 15 % y un 50 %, pero cabe tener en cuenta que el Servef presentó a la fiscalía una denuncia por cursos de la CEC de 2009 y 2010 que no habían sido acreditados y que el juez instructor ha decidido procesar a Montero, a otro exdirectivo de la CEC y a tres empresarios por un presunto fraude de 1,8 millones de euros en la organización de los citados planes formativos.
La actual dirección defiende que no se produjo ningún ilícito penal. La CEC y Cierval también están implicadas en la causa judicial como organizaciones subsidiarias de las ayudas.
En este contexto, los empresarios de Castelló coinciden a la hora de defender un ajuste importante de la estructura de la patronal. En enero contará con sólo dos trabajadores frente a los 16 empleados que disponía en 2012. La CEC es consciente de que su financiación se ha de fundamentar en cuotas de los asociados y no en subvenciones públicas.
La mayoría también aboga por mantener la organización y rechaza la refundación en otra como propone la patronal azulejera (Ascer). En breve, la gestora, que asumió el mando el pasado mes de julio, convocará el proceso de elección del nuevo presidente de la confederación.
