Borriana aumenta sus recursos para la defensa del derecho a la vivienda de sus vecinos después de la firma del protocolo de actuación ante situaciones de riesgo de exclusión social detectadas en el curso de procedimientos que comporten la pérdida de la vivienda habitual, que se firmó ayer en los Juzgados del Partido Judicial de Vila-real por parte del presidente de la Audiencia Provincial de Castelló, José Manuel Marco, la alcaldesa de Borriana, María Josep Safont, la jueza decana de Vila-real, Macarena Mira, y la decana del Colegio de Procuradores de Castelló, Carmen Rubio.
Como explicó el Presidente de la Audiencia Provincial de Castelló, José Manuel Marco Cos, «el protocolo que firmamos es un instrumento para informar a las personas afectadas por este tipo de procedimientos de desahucio de los recursos que el Ayuntamiento de Borriana dispondrá a partir de ahora, con el objetivo de canalizar la información y sepan dónde acudir para recibir el asesoramiento».
El Ayuntamiento de Borriana será quien en primer lugar, valorará la situación de los interesados sin ningún tipo de restricción o requisito tasado como los. Por su parte, la alcaldesa, Maria Josep Safont ha manifestado que «estamos trabajando junto al Instituto Valenciano de la Vivienda en temas como la rehabilitación de viviendas sociales».El concejal del área de Servicios Sociales, Manel Navarro, recordó que se han dispuesto 23 viviendas el pasado año y 16 en esta última anualidad en régimen de alquiler social en el municipio.
La firma del protocolo supone que el Ayuntamiento de Borriana dispondrá en la Oficina Municipal de Vivienda de una dirección y persona de contacto a través de la cual se realizarán las comunicaciones con el resto de los agentes que firmaron el mismo acuerdo. A su vez, facilitará a los Servicios Comunes de Actos de Comuniación del Decanato de los Juzgados de Vila-real y del Colegio de Procuradores de Castellón, los folletos informativos sobre los diversos recursos sociales existentes a los que los afectados pueden acceder. También se impartirán instrucciones a los funcionarios judiciales que lleven a cabo los actos de comunicación para que hagan constar en los formularios los datos y situaciones que pudieran ser signos de situaciones de riesgo de exclusión social.
