La dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló se desdijo ayer tras mantener una reunión con los sindicatos de los planes para redistribuir a los médicos del Provincial entre los diferentes hospitales de Castelló.
El gerente, Joaquín Sanchis, aseguró mediante un comunicado de prensa que «la propuesta del informe de la UJI sobre la movilidad de trabajadores es inviable». De esta manera, el consorcio, y por ende la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, se desdice de los planes propuestos en un documento fechado el 4 marzo de 2016 y que los catedráticos de la UJI han usado como referencia. En él se indicaba la necesidad de reubicar a 81 facultativos especialistas pertenecientes al Provincial entre los hospitales de Castelló, Vila-real y Vinaròs.
Ese documento, llamado Plan Funcional y elaborado por el departamento que dirige la consellera de Sanidad, Carmen Montón, desglosa aquéllos facultativos del Provincial que deberían redistribuirse entre el resto de centros una vez la entidad consorciada estuviera integrada en la red de centros dependientes de conselleria.
De hecho, los catedráticos de la UJI enmiendan en su informe la reubicación planteada por la conselleria en 16 de los 20 servicios que Sanidad pretendía trasladar. Los técnicos también proponen ajustes respecto a los facultativos que puede «acoger» cada centro en relación al estudio de las plantillas, a las ratios recomendadas y a la distribución de servicios entre los hospitales del departamento de salud de Castelló.
En el comunicado hecho público ayer, el gerente del indica como principal obstáculo para la movilidad de los profesionales sanitarios la específica entidad jurídica del consorcio. «En la situación actual ni la integración laboral ni los movimientos de los profesionales de un departamento a otro son posibles debido a que la naturaleza jurídica de los trabajadores del consorcio es diferente a la del resto de centros», explicó Joaquín Sanchis.
Así mismo, el gerente concluye que «la conselleria no contempla seguir unas recomendaciones que han hecho libremente y que quedan al margen del objeto del informe».
La entidad jurídica consorciada es el principal escollo para la integración del consorcio en la red de conselleria. Creado en 2004, el ente ha funcionado de manera independiente y ello ha provocado que no se puedan homologar los funcionarios ni las plazas.
Así mismo, la propiedad compartida del ente y el hecho de que la Diputación de Castelló sea la titular del edificio y del solar dificulta la disolución del consorcio, un horizonte que se vislumbra pero cuya fórmula jurídica es difícil de interpretar.
