El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó celebró ayer el pleno ordinario del mes de noviembre con un orden del día en el que el acuerdo más destacable fue el que tenía que ver con la reserva de un 0,5% de las contrataciones municipales para empresas que integren en sus plantillas a personas con discapacidad o en situación de exclusión.

El objetivo de esta medida, en palabras del concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente, es «poner un rostro más humano y social a la economía y reconocer el papel integrador de estos proyectos». Para poder hacer posible esta iniciativa municipal, el equipo de gobierno se acoge a las posibilidades que ofrece la nueva ley de contratación de servicios públicos. Si bien hasta ahora la administración pública debía fundamentar su decisión a la hora de contratar un servicio a una empresa externa en la oferta económica más ventajosa, la normativa más reciente «reconoce el poder de compra, de gestión y de mover el dinero que tenemos las administraciones públicas y por eso establece una reserva para este tipo de empresas de integración».

Aunque el porcentaje de reserva es pequeño, Llorente considera que es un buen reflejo de «la voluntad política de humanizar la economía local». El edil de EU reivindicó que la Vall d'Uixó «ha sido el primero en la Comunidad Valenciana en hacer uso de esta posibilidad», que se plasmó en el contrato del servicio de recogida de ropa que realiza Reciplana.

Ausencia de más acuerdos

Más allá de este acuerdo, el plenario se caracterizó por la ausencia de acuerdos de calado, una circunstancia duramente criticada por el principal partido de la oposición. Desde el Partido Popular, se llegó a afirmar que «el tripartito ha dejado de gobernar» porque «en el despacho ordinario apenas había dos puntos que afecten directamente a los ciudadanos y en el despacho extraordinario solo aparecen las mociones del PP y una de otro partido de la oposición», según Óscar Clavell.

Las mociones presentadas por el PP versaron sobre los «recortes y despidos en el Hospital Provincial», la propuesta de creación de una campaña de prevención de accidentes e incendios y una tercera en apoyo de la Guardia Civil por los sucesos de Alsasua.