El urbanismo sigue acaparando gran parte de los temas de actualidad municipal y de la gestión cotidiana del Ayuntamiento de Vila-real tal y como se puso de manifiesto en el pleno de ayer, en el que el equipo de gobierno propuso concluir el PAI de la unidad de ejecución comprendida entre la calle Corts Valencianes, la avenida Grecia y el Camí Travessa, que el concejal de Urbanismo, Emilio Olbiol calificó de «irreal», como otros proyectos urbanísticos finiquitados con anterioridad, propuestos en su día por el gobierno del Partido Popular.

Esta decisión se toma después de «la solicitud de desistimiento de la mercantil Alfil XXI como agente urbanizador», por lo que este programa sigue el mismo camino que en su momento recorrieron los proyectos de Blasco Ibáñez y Solades, con lo que el equipo de gobierno demuestra de este modo su intención de revertir la situación provocada, desde su punto de vista, por el anterior gobierno del PP, en la que se comprometieron con los vecinos «construir en la luna o marte», en relación a las planificaciones que pasaban por urbanizar más allá de la vía del tren o a junto al Hospital de La Plana, cruzando la N-340.

Relacionada con cuestiones urbanísticas fue la moción presentada por el PP en la que se solicitó una revisión de los valores catastrales de Vila-real, según expusieron, para compensar la subida del IBI aprobada por el equipo de gobierno motivada «por gastar en caprichos como el Gran Casino».

Pagos de facturas pendientes

Otra cuestión relevante es la que tiene que ver con el reconocimiento de nuevos pagos de facturas por un importe aproximado de 68.000 ?, que sumado al acuerdo de la Junta de Gobierno en la misma línea, supondrá la liquidación de otros 450.000 ? de importes pendientes con proveedores. La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, recordó el anuncio realizado por el alcalde, José Benlloch, por el que se comprometió a liquidar la deuda pendiente antes de finalizar el año. Según Escrig «poco a poco lo estamos consiguiendo». Desde mediados de octubre se han convocado varios plenos extraordinarios con este objetivo.

Fue el 14 del mes pasado cuando el alcalde reconoció la existencia de una deuda acumulada de 1.100.000 ? con proveedores. En total, este importe se correspondería con un total de 1.096 facturas «sin consignación presupuestaria», aunque se contrataron porque tenían que ver «con servicios fundamentales» para el funcionamiento del municipio y que no se habían pagado hasta ese momento «porque no teníamos dinero».

Entre otros acuerdos, en el pleno celebrado ayer por la tarde se aprobó un trámite más de un proyecto con especial relevancia para el equipo de gobierno, los estatutos de la asociación Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació. Según el alcalde, este organismo «favorecerá la colaboración entre las ciudades valencianas con el distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación».