La declaración del ex secretario del Ayuntamiento de Castelló en la comisión de investigación de fiestas del martes puso de manifiesto que el antiguo sistema de la Fundació de Festes, que funcionó de 2008 a 2015, carecía de la suficiente fiscalización administrativa que requiere la legislación. La advertencia de los técnicos municipales fue reiterada, especialmente desde 2006, ya que desde ese año Castelló se incorporó al Régimen Especial de Grandes Ciudades y esta normativa obligaba a reforzar el control del consistorio en la estructura festera al operar con fondos públicos. El actual equipo de gobierno activó este año un nuevo patronato por el que la Administración asume el control económica, pero todavía se generaron disfunciones por insuficiente personal y por la premura en la celebración de las fiestas.
De cara a 2017, el ayuntamiento pondrá en marcha nuevos instrumentos para garantizar una correcta fiscalización. Entre otros, sacará a licitación pública la gestión de los mesones y la ocupación de la vía pública. Así lo subraya la concejala de Festes, Sara Usó, en el informe anual que presentó en el consejo rector del Patronat de Festes celebrado el pasado lunes, que añade que todas las «aportaciones económicas hasta cesiones de uso se desarrollan y se harán bajo la ordenanza municipal de patrocinios».
La regidora subraya en el documento que el Patronat trabaja de la mano de la Junta «para establecer nuevos mecanismos de control económico», y añade que también buscan «fórmulas que nos permitan tener unas fiestas que se ajusten al 100 % a la legalidad pero que también se adapten a la realidad de unas fiestas populares». La concejala recuerda que este año se ha pasado de cero contratos con tramitación administrativa a 45 y confía en alcanzar en 2017 «el total cumplimiento en esta materia»
Asimismo, remarca que en el análisis que se ha efectuado de los gastos ejecutados ese año «nos ha llevado a tomar decisiones respecto a partidas que no resultan prioritarias y que se han suprimido para racionalizar el gasto y derivar esos fondos públicos a mejorar otros actos, las infraestructuras u otras fiestas».
El equipo de gobierno espera, de esta manera que el siguiente ejercicio festero se desarrolle sin conflictos con la Junta de Festes ni con sorpresas en forma de desfases económicos en el presupuesto. Las disensiones entre ambas partes llegaron a su cénit en junio cuando el ejecutivo local hizo público un desvío de 251.000 euros del que responsabilizó a la Junta. Luego reculó ya que esta circunstancia demostró una falta de medios en el Patronat para controlar la organización festera. También se puso de manifiesto que el nuevo papel que tiene encomendada la Junta de Festes -mantiene programación pero cede los expedientes de contratación al Patronat- no estaba bien definido. Cabe tener en cuenta que el gobierno municipal aterrizó a mediados de junio de 2015 y la Junta tomó posesión en octubre de dicho año, con lo que tuvieron menos tiempo del habitual para ejecutar el nuevos sistema de fiestas.
El PP critica el informe de Usó
El P de Castelló criticó que la concejala presentara en el consejo del Patronat un informe de sólo ocho páginas y que no incluye ningún dato económico. Este documento también se entregará en la asamblea de fiestas del 10 de diciembre. Los populares responsabilizan al gobierno municipal de los imprevistos económicos del último curso festero.
