La dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló reconoció este lunes en una carta dirigida a los sindicatos que la aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo (RPT) de personal laboral y funcionario para 2017 se hizo sin negociar con los representantes de los trabajadores y apurando los plazos legales para el envío de documentación.
Ante estas disfunciones, la dirección ha asumido un cambio de postura y ha abierto un periodo de dos meses para que los sindicatos estudien la documentación y presenten propuestas, modificaciones, alegaciones y subsanación de defectos de la propuesta inicial, en el grado que estimen oportuno.
De hecho, en la reunión del Consejo de Gobierno se acordó dejar sobre la mesa el punto del orden del día en el que se debía aprobar la relación de puestos de trabajo. No obstante, ninguno de los delegados presentes informó ni a los medios de comunicación ni a los propios sindicatos de esta circunstancia, lo que motivó ayer mucha confusión y cierto malestar sobre la apertura de esta negociación.
En concreto, la dirección envió el pasado 19 de enero la documentación de plantilla y la relación de puestos de trabajo e invita a las secciones sindicales y a las direcciones médicas y de enfermería a un nuevo escenario de diálogo.
Ahora, se abre un proceso de un mes para presentar alegaciones al documento de homologación de categorías profesionales del consorcio con las establecidas en la Conselleria de Sanidad. Así mismo, se inicia un periodo paralelo de dos meses para presentar alegaciones y modificaciones a los documentos de plantilla y de relación de puestos de trabajo.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, argumentó en este sentido antes del Consejo que «los estatutarios tienen una figura muy complicada de encajar dentro de los consorcios y por tanto, para poder hacer empleo estable es necesario que sean laborales. No obstante, estamos en continuo diálogo con los sindicatos y tenemos tiempo de abordar este tema con tranquilidad».
Por su parte, el sindicato Cemsatse ha argumentado que la homologación tiene difícil encaje jurídico y está estudiando la posibilidad de judicializar este proceso, mientras que CC OO apuntó que «debe respetarse tanto la negociación colectiva como el resto de derechos laborales».
