Los exalcalcaldes del PP en Castelló, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, y el exregidor, Joaquín Torres, se desvincularon ayer en la comisión de investigación de la gestión de fiestas en la etapa de Jesús López, y justificaron que la Junta tenía total autonomía en la organización festera en virtud de la estructura que emanaba de la Fundació de Festes, que fue aprobada por unanimidad, recordaron, en la etapa de alcaldía de Daniel Gozalbo.
Los exresponsables populares eludieron comparecer en persona y contestaron por escrito. Los tres formaron parte de los equipos de gobierno de 2008 a 2015, años que analiza la comisión junto al último ejercicio. En sus respuestas coincidieron en sus argumentos; señalaron que la antigua Fundació de Festes otorgaba en exclusiva la gestión de fiestas a la Junta y que esta última entidad -elegida por colectivos festeros- era la encargada de contratar y utilizar el presupuesto público de fiestas como le pareciera. Torres indicó que las cuentas de fiestas eran fiscalizadas, no obstante, por el ayuntamiento cuando se aprobaban los presupuestos y la liquidación anuales. Adujo que en las adjudicaciones no se seguía un proceso administrativo y que la fundación carecía de funcionarios a fin de garantizar la autonomía de la Junta.
Sobre las objeciones expuestas por el interventor y el secretario -advirtieron que no tenía medios para controlar las cuentas de fiestas-, Fabra, Bataller y Torres sostuvieron que esas advertencias se sucedieron desde que se aprobó en 1988 la Fundación de Festes. Restaron valor a las mismas y aseguraron que nunca objeciones a un contrato concreto o factura.
Sobre el posible empleo de personas sin asegurar en fiestas de Magdalena o la forma de proceder de la Junta en el tema impositivo, los exidirigentes municipales reseñaron que ignoraban tales hechos porque, según reiteraron, el ayuntamiento no se entrometía en la gestión de la Junta porque, así lo establecían los estatutos de la Fundación.
Coexistencia de dos sistemas
En 2013, el ayuntamiento aprobó un nuevo patronato para adaptar la organización festera a la Ley de Régimen Especial de Grandes Ciudades, que obliga al ayuntamiento a llevar el control económico de sus organismos dependientes. Hasta 2015, el patronato coincidió con la fundación. Bataller y Torres sostuvieron que así fue porque los planes de austeridad que impulsó entonces el Gobierno central impedían la provisión de nuevas plazas públicas para el citado patronato.
Bataller resaltó que durante su mandato ese avanzó en el cambio organizativo de fiestas, que «estaba llamado a poner fin a esa situación de amplia autonomía que disfrutó la fiesta».
«Así lo aconsejaban los técnicos, especialmente a raíz de las objeciones expuestas por una representante de Esquerra Unida», remarco el ex primer edil.
