Las aguas bajan revueltas en el seno del gobierno municipal de Castelló, que ayer vivió el primer cisma del bipartito al exigir Compromís a sus socios del PSPV el cese de Ángel Lafuente como director de Planificación y Proyección Económica. El nombramiento de Lafuente por parte de la alcaldesa, Amparo Marco, ha sido capaz de unir en una misma moción a Compromís, Castelló en Moviment, Partido Popular y Ciudadanos en contra del PSPV. El resultado, contundente: 20 concejales del pleno exigiendo el cese de Lafuente frente a los 7 socialistas votando en contra de la moción presentada por la tercera pata del Pacte del Grau, Castelló en Moviment.
La herida está abierta, pero la sangre parece que no llegará al río. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, insistió tras el pleno que exigirán el cumplimiento de la moción, porque así lo ha mandado el pleno por mayoría, pero aclaró que sigue intacto su apoyo al pacto de gobierno suscrito con PSPV y Castelló en Moviment. «Entendemos que los acuerdos plenarios se cumplen porque demuestran la voluntad de la ciudadanía de Castelló, y este viernes en la Junta de Gobierno llegarán las mociones aprobadas y se decidirá qué concejales deben llevarlas a término», explicó Garcia, quien quiso subrayar en cualquier caso que «el acuerdo del Grau, los 420 puntos que hay que desarrollar y el trabajo que estamos llevando a cabo es más importante que una persona».
Desde el PSPV la alcaldesa, Amparo Marco, eludió dar cualquier respuesta a la polémica, tanto en el pleno como fuera de él. Los socialistas no aclararon si darán marcha atrás en el nombramiento de Lafuente, tal y como les conmina el acuerdo plenario, si bien dejaron patente que no están obligados a ello. De hecho, disponen de un informe jurídico, suscrito por la secretaria general del ayuntamiento, en el que se recoge que una moción, si se aprueba en un pleno, «no será vinculante para el órgano resolutorio y solo tendrá valor de recomendación», por lo que queda finalmente en la voluntad política del PSPV cesar o no a Lafuente. Compromís, que ayer mismo se lamentaba de no haber accedido al citado informe jurídico, no lo tiene tan claro ya que, según Garcia, «hay sentencias que avalan estos ceses por la falta de confianza política».
La caja de los truenos la había abierto antes Castelló en Moviment con su moción, pidiendo dejar sin efecto el nombramiento del director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica.
El portavoz de la formación asamblearia, Xavi del Señor, señaló que, tras la decisión de Lafuente de renunciar a ser concejal hace un año tras la dimisión de la edil Carme Oliver, y su nombramiento ahora con un salario mucho mayor como cargo de confianza, «todos nos hace pensar que únicamente ha accedido a trabajar por la ciudad cuando el salario ha sido el que le convenía, sensiblemente más alto que el que tenía en la Universitat y mucho más que el que hubiese recibido como concejal».
Del Señor recordó que fue en diciembre de 2015 cuando se acordó la creación de la plaza, «entendiendo que debía ser una persona de confianza política del gobierno», algo que no critican. El problema ha sido que «un año después la plaza seguía vacante» y, para CSeM, la interpretación es sencilla: «El ayuntamiento ha esperado a que la carrera profesional de la persona elegida le permitiese ocupar la plaza y las circunstancias fuesen de su conveniencia».
Del Señor no cuestiona la «valía» de Lafuente, pero considera que hay un detalle «que no se puede dejar escapar: renunció a ser concejal». Sin dudar de la legalidad del nombramiento, sí que calificó de poco ético y estético el proceso e insistió en que la alcaldesa rectifique.
Cuestión de confianza
La portavoz del PP, Begoña Carrasco, formuló por su parte un ruego a la alcaldesa para que en el próximo pleno «se someta a una cuestión de confianza ante la pérdida de apoyos de sus socios del Pacto del Grao». Para los populares, «quien renuncia ser concejal y ahora acepta un cargo adscrito a la alcaldía» con un mayor sueldo «no merece estar al servicio de la ciudad. La edil del PP Salomé Pradas, por su parte, le recriminó a Marco su intento de impedir el debate plenario de la citada moción pidiendo informes al respecto, comparándola con «regímenes dictatoriales para silenciar a la oposición, como Maduro en Venezuela».Desde Ciudadanos, la edil Cristina Gabarda atacó a la alcaldesa por sus intentos de «vetar el debate» y calificó su comportamiento de «poco ético e inmoral».
Toni Lorenzo, que fue el que defendió la postura de los socialistas, insistió en la valía de Lafuente, recodó que los 27 concejales han tenido la documentación de la plaza en sus manos desde su creación y, sin entrar a valorar el voto de castigo de sus socios de Compromís, sí que se dirigió al portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, a quien acusó de realizar «demagogia» y preguntándose si dentro de unos años «tendremos que lamentarnos de esto».
Tensión en el seno de la Banda Municipal de Música
La Banda Municipal de Música es una auténtica olla a presión que ayer reventó en el pleno ordinario. PP y Ciudadanos relataron una situación tan tensa que, según expusieron tanto el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, como el portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, está aderezada por insultos y campañas de acoso entre los propios miembros de una banda totalmente dividida, principalmente por el debate abierto en torno a la plaza de director, pendiente de sacar desde hace cinco años.
Según Pérez Macián, hay un «grupúsculo» que intenta «desestabilizar al colectivo de la banda para hacer caer a su actual director», José Vicente Ramón Segarra, que lleva desde 2012 ocupándola de forma provisional. El edil del PP recalcó además que todo está orientado «para cambiar el proceso de selección aprobado por consenso de todos».
Se refería Pérez Macián, aunque no lo dijo en el pleno, a las bases que el PP se apresuró en aprobar en mayo de 2015, pocos días antes de las elecciones municipales, que según declaró en su día el presunto beneficiario, Ramón Segarra, en un medio de comunicación local, iban a ser un mero formulismo. Pero cambió el equipo de gobierno y ahora, al filtrarse la posibilidad de que Compromís y PSPV cambien esas bases -que fueron impugnadas por el CSI.F-, se ha destapado un serio conflicto interno en la propia banda con partidarios y detractores del director actual.
La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, señaló en su comparecencia que le «avergüenza» todo lo que está pasando con la banda de música, negó amiguismos e insistió en que, ya sea con las actuales bases, o con otro procedimiento, «se garantizará la igualdad» para todos los aspirantes y se seguirá el procedimiento habitual en la mesa de negociación. Tras recalcar que la Ley Montoro limita las plazas que pueden sacar cada año los ayuntamientos, se comprometió a «trabajar por mejorar el clima, hablar con todas las partes y no perpetuar una interinidad» heredada del PP.
