El juzgado de lo penal número 1 de Castellón acogió ayer la primera sesión del juicio contra el exalcalde de l'Alcora, Javier Peris, (PSPV) y 4 exconcejales de su equipo por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana en 2004.
El fiscal pide ocho años de inhabilitación de empleo y cargo público para los cinco acusados.
Tras la declaración, Javier Peris indicó que, después de 13 años, «hemos podido demostrar delante del juez de la legalidad de todas nuestras actuaciones». El exedil de la capital de l'Alcalatén reiteró que «la justicia no es justa cuando se dilata tanto pero estoy contento de haber declarado después de tanto años».
Los hechos se remontan al mes de abril del 2004, cuando el Ayuntamiento de l'Alcora convocó concurso público para que las empresas interesadas pudieran presentar sus ofertas y optar a la adjudicación de la revisión del nuevo PGOU, por importe de 431.000 euros.
Según el escrito del ministerio público, dentro del plazo concedido presentaron ofertas para la adjudicación diferentes mercantiles, entre ellas Anfab SL, «empresa por la que el alcalde tenía especial interés, y así se lo expuso tanto a la arquitecta municipal como a los técnicos del Ayuntamiento en reuniones informales».
Según el mismo escrito, el entonces alcalde les dijo que miraran «con cariño» a la empresa porque tenía buenas referencias de ella y estaba interesado en que fuera la adjudicataria.
En septiembre de 2004, la mesa de contratación en la que estaban representados los ahora acusados dieron luz verde a la adjudicación de la redacción del PGOU a la citada empresa «en contra del criterio objetivo de los técnicos y a pesar de que ni siquiera su objeto social tenía relación directa, pues se dedicaba al asesoramiento jurídico y fiscal «sin comprender las actividades de arquitectura o urbanismo». En mayo de 2007 una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Castellón declaró contraria a derecho la resolución de Alcaldía por la que se adjudicaba el contrato del PGOU a dicha firma.
El fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de prevaricación.
Está previsto que el juicio se prolongue durante otras dos jornadas.
El PP por su parte, quien se ha personado como acusación particular, indicó que los acusados no respondieran a las cuestiones y preguntas formuladas por la acusación del PP.
