El PSPV y Compromís se han dado unos días para intentar poner fin a la crisis abierta en el seno del gobierno municipal por el nombramiento de Juan Ángel Lafuente como director de Planificación y proyección Económica. El grupo socialista se mantiene en silencio y elude concretar si asumirá la moción del pasado pleno que reclamó la marcha de Lafuente. En este ambiente enrarecido, el secretario general del PSPV local, Francisco Gil, arropó ayer a sus correligionarios en el ayuntamiento y al propio Lafuente, que ocupó el puesto número ocho de la candidatura socialista de 2015, y alertó de que el equipo de gobierno y la alcaldesa podrían incurrir en un delito de prevaricación si Lafuente es cesado.
Según Gil, la jurisprudencia existente señala que a un funcionario en comisión de servicios no se le puede despedir aunque lo inste el pleno. «Un funcionario que accede en comisión de servicios está en las mismas condiciones que otro empleado público y, según el Estatuto de la Función Pública, no se le puede cesar», reiteró el dirigente socialista, que por ello subrayó que el ejecutivo podría incurrir en prevaricación si releva a Lafuente.
El grupo socialista en el consistorio defiende también desde días atrás que no se trata de una plaza de asesor sino de un puesto que es asumido por un funcionario -Lafuente es profesor titular en la Universitat Jaume I-. El jueves rechazó la moción que presentó Castelló en Moviment contra el nombramiento de Lafuente y que fue apoyada por Compromís, PP y Ciudadanos, y desde entonces no ha movido ficha. Fuentes del entorno de la alcaldesa se remitieron ayer a las palabras de la portavoz municipal Verònica Ruiz (Compromís), del viernes, en las que sostuvo que el futuro de Lafuente sería consensuado en el marco de la junta de gobierno local. En el pleno, los socialistas aseguraron que un informe de la secretaria general expone que la moción plenaria no es vinculante, pero desde entonces no concretan si asumirán la posición de Compromís y Castelló en Moviment y dan o no marcha atrás en la elección de Lafuente. El equipo de gobierno no respondió ayer al respecto a las preguntas formuladas por el PP y CSeM en la comisión informativa.
La petición de Compromís es clara: «·Esperamos que se cumpla el acuerdo plenario y cuanto antes mejor», remarcó ayer el portavoz de compromís, Ignasi Garcia.
Compromís entiende que hay sentencias que avalan la salida de un cargo de libre confianza en comisión de servicios por falta de confianza política.
La coalición valencianista y CS en Moviment aseguran que el Pacte del Grau no corre ningún peligro, pero García envió el viernes a sus socios un mensaje rotundo y reseñó que únicamente la destitución de Lafuente garantiza la «estabilidad» del acuerdo de gobierno.
Ambos partidos no cuestionan la creación de esta plaza ni la valía de Lafuente; critican que el PSPV no consultara esta medida cuando gobierna en coalición y que haya escogido a una persona que hace un año renunció al acta de concejal tras la dimisión de Carme Oliver y que ahora acepte un cargo de confianza con un salario superior al de edil -70.000 euros frente a 41.000-. «El ayuntamiento ha esperado a que la carrera profesional de la persona elegida le permitiese ocupar la plaza y las circunstancias fueran de su conveniencia», alegó el jueves el portavoz de CSeM, Xavi del Señor.
Una tercera plaza por cubrir
Compromís espera que esta falta de comunicación no se vuelva a repetir en la elección de una tercera plaza de confianza que el equipo de gobierno aprobó en 2016 y que está pendiente de cubrir. Se trata de una plaza de coordinador del área de innovación, que se sumaría a las de urbanismo y economía.
