El Ayuntamiento de Cabanes remarcó ayer que «trabaja en la resolución del problema que arrastra el PAI Torre la Sal y lo está haciendo de acuerdo a la legalidad vigente». Debido a las sentencias que el consistorio «ha ganado a la empresa urbanizadora basadas en el artículo 79 de la ley LRAU, este PAI se encuentra inacabado lo que convierte a la empresa urbanizadora en responsable de su mantenimiento».
La asociación de vecinos del PAI Torre la Sal cargaron por su parte contra la alcaldesa, Virginia Martí, a cuya «dejadez e inoperatividad» atribuyen la situación del sector, pendiente de terminar y con distintas deficiencias por resolver.
«El consistorio ha mandado diversos requerimientos a la empresa responsable para que se haga cargo de las labores de limpieza y mantenimiento. En enero se mandó el primero de los requerimientos y la empresa respondió realizando los trabajos solicitados por el consistorio. Actualmente existe otro proceso en marcha cuyo plazo vence el próximo 26 de junio. En caso que la empresa no respondiera ahora, el ayuntamiento se reserva el derecho a actuar de manera subsidiaria cobrándose los trabajos realizados de los avales del agente urbanizador», explicaron ayer fuentes municipales.
«El Ayuntamiento de Cabanes entiende que la situación del PAI Torre la Sal es precaria pero el consistorio no puede actuar al margen de la ley. La empresa pidió una prórroga para acabar las obras de urbanización, pero lo hizo fuera de plazo y sin entregar la documentación requerida por el consistorio. Por ello, actualmente el proceso continúa abierto y el consistorio ha solicitado la opinión de un abogado externo que pueda clarificar los pasos a seguir para desbloquear las obras» continuaron indicando desde el ayuntamiento de Cabanes. Las obras del sector llevaron varios años bloqueadas y la empresa urbanizadora Marina d'Or pide una prórroga para terminarlas.
Informe favorable a la prórroga
«Los técnicos manifiestan que ellos ya realizaron un informe favorable a la prórroga de la urbanización hace más de 4 años. También se comenta que existe un informe favorable de la Conselleria e, incluso, de un abogado externo que trabajaba para el ayuntamiento, pero el problema es que la alcaldesa quiere otro informe de otro abogado», dijeron los vecinos.
«La dejadez e inoperatividad de la alcaldesa nos está poniendo en una situación de riesgo que no debemos soportar, máximo si tenemos en cuenta que la ley establece un plazo de seis meses para resolver la citada prórroga y llevamos casi 5 años en una situación de paralización consciente del ayuntamiento», criticaron desde la asociación vecinal quienes añadieron que «entendemos que hay una responsabilidad política, administrativa y penal por la dejación clara de funciones de forma consciente, voluntarista y dolorosa», dijeron.
Los vecinos pretenden llevar el caso a la Fiscalía, así como presentar una reclamación ante el Defensor del pueblo, entre otras acciones.
