La fiscalía de Castelló solicita once años de prisión, una multa de un millón de euros y 21 años de inhabilitación de cargo público para el exvicepresidente de la diputación, Francisco Martínez, por presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales en tres operaciones urbanísticas desarrollada en Vall d´Alba cuando Martínez era alcalde.

El fiscal esgrime en la acusación, a la que ha tenido acceso Levante de Castelló, que hubo una actuación concertada entre Martínez y su socio, el empresario Raúl Babiloni y su hija, Andrea Martínez, "destinada a obtener un lucro ilícito" en tres programas urbanísticos tramitados de 2005 a 2014 en Vall d'Alba. "A tal fin -sostiene el escrito.-, con la información privilegiada que disponía Francisco Martínez adquirieron fincas relacionadas con los programas, en unos casos directamente por los propios acusados o en otros por medio de sociedades instrumentales creadas a tal efecto, siempre con la finalidad de obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico, o reservarlas a nombre de las sociedades instrumentales para cuando los programas se ejecutaran". Menciona el PAI del nuevo sector de l'Arc, el PAI de ampliación del casco urbano y el PAI del Mas la Lluna. Este último desarollo ocupaba una extensión de dos millones de metros cuadrados y la construcción de más de 2.000 viviendas.

La fiscalía también pide una sanción de un millón de euros para Andrea Martínez por delitos continuado de uso de información privilegiada, y cinco años de cárcel y un millón de multa para Raúl Babiloni por delitos de fraude administrativo y de uso de información privilegiada. La acusación del Partido Socialista, por su parte, reclama 16 años de prisión para Martínez, 12 para Babiloni y 4 para Andrea Martínez.

El exalcalde de Vall d´Alba ya fue condenado en abril ocho meses de prisión por el caso de la depuradora de Borriol.