El número de personas en situación de extrema pobreza se ha reducido a niveles de antes de la crisis. Así se dio a conocer ayer en la presentación de la memoria de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castelló del año 2016 donde su presidente, Juan Manuel Aragonés, detalló que este porcentaje ha caído diez puntos hasta establecerse en el 8 por ciento. En el inicio de la recesión económica, el porcentaje de personas que estaban en situación de pobreza extrema era de un 7 %. Asimismo, también se han reducido las personas en riesgo de exclusión social que, actualmente, se estable en el 20 por ciento de la población castellonense.

Aragonés explicó que una de las causas de esta cierta mejoría es la marcha de los inmigrantes. «Se han ido muchos inmigrantes que se encontraban en una situación difícil», explicó. Además, añadió que las personas que siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza se debe a las dificultades con las que se encuentran a la hora de tener trabajo e ingresos. «A pesar de las políticas de ayudas para estas personas, siguen estando en una situación muy complicada porque no tienen recursos, o son muy reducidos, tienen un trabajo precario y es complicado salir de esa situación», añadió Aragonés.

Según el presidente de Cáritas en Castelló, la crisis ha forzado una mayor desigualdad y «familias que se han quedado descartadas». Sobre todo, hizo alusión a la situación de familias monoparentales en las que la madre o el padre tienen a cargo varios hijos y no puede ir a trabajar porque no tiene con quién dejar los hijos ni apoyo familiar. También las familias numerosas son carne de cañón en este contexto.

El número de beneficiarios de los servicios que presta Cáritas Diocesana de Segorbe-Castelló también se ha visto reducido en un diez por ciento, con respecto al año anterior. Tal como se recoge en la memoria presentada ayer, en 2016 hubo un total de 20.271 beneficiarios. De ellos, el 59 por ciento fueron mujeres y el 41 por ciento hombres. Y el 40 por ciento de ellos llevaba más de un año sin trabajar. La mayoría eran mayores de 50 años.

De la atenciones prestadas, el 52 por ciento fueron dirigidas a inmigrantes de los que el 63 por ciento eran extracomunitarios y el 33 por ciento comunitario. «Los inmigrantes atendidos son, principalmente, rumanos, búlgaros, algún polaco y del Magreb (Marruecos y Argelia). Son el sector poblacional con una situación más compleja y difícil», añadió Aragonés. En cuanto a los servicios prestados, se realizaron 107.383 intervenciones de acogida y acompañamiento a a 1.587 personas y 4.024 familias (14.522 beneficiarios) en cáritas parroquiales. A este respecto, Aragonés señaló que la cifra ha disminuido ligeramente pero que los casos que quedan son «más graves». En sede diocesana se acogieron a 1.327 personas y se realizaron 8.359 intervenciones. El servicio de acogida, individual y grupal, está basada en la relación de ayuda y se entiende como el inicio de un proceso que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas.

En cuanto al apoyo jurídico, se atendieron a 232 personas y se realizaron 757 intervenciones; en el economato se tendieron a 426 familias, hubo 1.602 beneficiarios y se realizaron 2.847 intervenciones; y en los centros de acogida temporal se atendieron a 4.261 personas en los diferentes servicios de albergue, comedor, duchas, lavandería, ropero y centro de día. Por último, en el economato se atendieron a 426 familias, hubo 1.602 beneficiarios y se realizaron 2.847 intervenciones.

Subvenciones públicas

El presidente de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castelló, Juan Manuel Aragonés, señaló ayer en la presentación de la memoria de 2016 que la organización eclesiástica ha visto mermada su partida de subvenciones públicas. En concreto, según Aragonés, han recibido 30.000 euros menos. En 2015 obtuvieron 1,3 millones de euros y el año pasado fueron 1.270.000 euros. Aragonés explicó que la Ley de Presupuestos de 2016 eliminaba la subvención nominativa y que debían concurrir de manera general. Esta circunstancia ha hecho que haya más «competencia». No obstante, negó rotundamente sentirse discriminado por parte del nuevo gobierno autonómico.