14 de junio de 2017
14.06.2017

Martínez y Babiloni crearon una trama para comprar fincas y generar 'pelotazos'

El exalcalde, su hija y el empresario adquirían terrenos a bajo coste y los vendían cuando eran incluidos en proyectos

14.06.2017 | 12:55

Un vecino de Vall d'Alba tenía una finca en el Mas de Roures, un núcleo rural próximo a la localidad. El 12 de mayo de 2005, el padre del ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez escrituró la finca a su nombre y alega haberla heredado de su titular. Con posterioridad, se valorará la finca en 6.000 euros.

No obstante, el 19 de mayo de 2005, solo siete días después, Francisco Martínez solicitó la segregación de esta finca al ayuntamiento, de la que dice ser ahora el propietario tras una donación que le ha hecho su padre. Al mismo tiempo interviene en la Junta de Gobierno Local que aprueba la segregación como responsable municipal.

Posteriormente, en 2009 y 2010, Francisco Martínez, como alcalde de Vall d'Alba decide dedicar 22.000 euros de los Planes de Obras y Servicios que otorga la Diputación de Castelló para mejorar y urbanizar el entorno del Mas de Roures y construir un aparcamiento y una zona de juegos infantiles.

Al tiempo, la familia Martínez había convertido la finca original en seis propiedades horizontales en las que había construido seis apartamentos rurales, con un valor de 28.300 euros cada uno.

Es decir, que Martínez ejecutó como alcalde de Vall d'Alba, según denuncia el escrito de acusación presentado este lunes por la Fiscalía de Castelló, decisiones con dinero público para revalorizar sus propiedades.

Este ejemplo no es un caso aislado. El ministerio fiscal ha desgranado un modus operandi orquestado entre Francisco Martínez, su hija, Andrea Martínez, y el empresario, socio y amigo de la familia, Raúl Babiloni, para comprar fincas con información privilegiada.

De hecho, Francisco Martínez está condenado en sentencia firme a 8 meses de prisión por un delito de negociaciones prohibidas. El juez consideró que debía de haberse abstenido en la tramitación administrativa de la construcción de una depuradora en Borriol, ya que los terrenos eran de su hija y fueron aportados a una sociedad en común y él era vicepresidente de la Diputación de Castelló con competencias en infraestructuras.

En concreto, el caso de la depuradora de Borriol le ha servido al fiscal para confirmar sus acusaciones sobre una trama empresarial para obtener lucros ilícitos mediante la información privilegiada y la capacidad de acción que obtenía Martínez de sus cargos políticos.

La aportación, segregación y compraventa de fincas entre Andrea Martínez, Francisco Martínez y Raúl Babiloni es una constante documentada por el fiscal, sobre todo entre los años 2005 y 2014, cuando salta el escándalo de la Depuradora de Borriol.

En concreto, el fiscal destaca el incremento en el capital social de la empresa Franvaltur SL, formada por la familia Martínez. La sociedad se constituyó en 2009 con un capital de 6.000 euros y en 2013 acreditó mediante ampliaciones 595.500 euros.

Más allá, el fiscal también apunta en su escrito que algunas de las fincas fueron adquiridas con dinero de procedencia ilícita, por lo que ha incluido el delito de blanqueo de capitales en su acusación contra el ex primer edil. En concreto, se refiere a una finca propiedad de Martínez y vendida a una mercantil en 2005 por 151.170 euros, que fue adquirida por este por donación en 2001 y estaba integrada en el proyecto de ampliación del casco urbano.

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