La Confederación de Empresarios de Castelló lanza un último cartucho con el plan de viabilidad para evitar su cierre. Con esta actuación confía en superar el concurso, pero para ello necesitará el visto bueno de los acreedores, a los que se debe cerca de dos millones de euros, y del juzgado de lo mercantil. La junta directiva de la CEC abordó ayer el contenido de dicho plan, que ya fue desgranado la semana pasada por Levante de Castelló.

El portavoz de la gestora de la patronal castellonense, Néstor Pascual, señaló que si el plan de viabilidad no sigue adelante la CEC se verá obligada a «cerrar» y sostuvo que la organización depende de lo que dictamine el juzgado que dirime su concurso de acreedores.

La entidad patronal ha previsto un plan de pagos de 20 años y con una quita del 50 % en 1,5 millones de los dos de la deuda (en créditos ordinarios y subordinados). Los créditos contra la masa (71.000 euros, retrasos en salarios de extrabajadores y deuda con Hacienda y Seguridad Social) se abonarían el primer año; el privilegio general (351.962, indemnizaciones laborales no asumidas por el Fogasa) se devolvería hasta en ocho años; los ordinarios (864.161) se retornarían con cinco años de carencia y en las siguientes cinco anualidades. En los segundos diez años se pagarían los subordinados (670.8929.

La extinta patronal autonómica ha impugnado el informe concursal por calificar su deuda de subordinada en vez de ordinaria, aunque el plan de viabilidad contempla diversos escenarios en el plan de pagos, entre los que se encuentran la calificación del importe de Cierval en ordinaria.

En cuanto a los ingresos, el plan de viabilidad recoge una contención en la plantilla y proyecta una disminución de los costes operativos y mantiene abierta la posibilidad de adherir la entidad a la nueva CEV y a la CEOE. Los ingresos previstos empezarían con 311.800 euros en 2018 y alcanzarían los 527.000 en 2037.

La CEC espera un aumento de las contribuciones de empresas y posibles ingresos de la Ley de Participación.