Un estudio realizado por investigadoras del grupo de investigación MIRAS (Mediación e Interpretación en el Ámbito Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el que han colaborado la profesora Anabel Borja de la UJI y las Universidades Pompeu Fabra y Pablo Olavide, ha constatado graves carencias en la cantidad y la calidad de la información interpretada en los juicios a personas de habla extranjera.

«La interpretación judicial es un elemento clave para evitar cualquier estado de indefensión de la persona enjuiciada, que tiene derecho por ley a ser informada y a un proceso público con todas las garantías y derecho de defensa», explica Mariana Orozco, investigadora de la UAB y una de las coordinadoras del proyecto.

Las investigadoras han analizado vistas interpretadas en inglés, francés y rumano y han comprobado que, de media, no se interpreta el 54 % de la información hablada, -51 % en inglés, 39 % en francés y 61 % en rumano-. Este porcentaje comprende tanto la interpretación en voz alta, que queda grabada en las grabaciones, como la que hace el intérprete al acusado al oído, que no queda grabada. Si solo se tiene en cuenta la parte que se interpreta en voz alta, el porcentaje medio de lo que no se traduce llega hasta el 70 %.

El número medio de intervenciones enteras por minuto que no se traducen es de 2,7 (1,8 en inglés, 1,6 en francés y 3,7 en rumano), una cifra considerada alarmante por las autoras del estudio. Se producen también solapamientos frecuentes entre los operadores judiciales, que dificultan una interpretación precisa y completa, así como una velocidad de habla muy alta -de hasta 240 palabras por minuto- en algunos fragmentos importantes del juicio, como el informe final o la sentencia in voce.

En cuanto a la calidad de la interpretación, se cometen una media de 21 errores graves por hora. Estos errores suelen ser adiciones, falsos sentidos y omisiones, a pesar de que también se producen otros relacionados con el lenguaje judicial, como un registro inadecuado o carencia de precisión. También han detectado intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirlo, con una media de 45,5 veces por hora -50,2 en inglés, 11,9 en francés y 65,7 en rumano-.

«Los resultados nos confirman que los intérpretes judiciales no entienden cuál es su rol y muestran un gran desconocimiento del lenguaje jurídico y judicial y de sus consecuencias. Por lo tanto, independientemente del nivel lingüístico que tengan, no pueden ofrecer un servicio de calidad», afirma Carme Bestué.