Juan Ángel Lafuente sigue tensando la cuerda del Pacte del Grau. Su decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el despido como director de la oficina de Planificación y Proyección Económica, por esperado, no ha dejado de sorprender, especialmente entre los concejales de Compromís y Castelló en Moviment.
El profesor universitario, compañero de departamento de la alcaldesa, Amparo Marco, en la UJI y número ocho en la lista del PSPV-PSOE en las pasadas elecciones municipales, reclama la indemnización hasta la finalización de la comisión de servicios. La cuantía supera los 6.000 euros, aunque en el equipo de gobierno se desconoce si la cantidad es mucho mayor, ya que depende de los términos de la reclamación, cuyo contenido por el momento no es público en el ayuntamiento.
«Que yo tenga noción la denuncia no ha llegado. Pensamos que pide indemnizarle económicamente hasta agosto», explica la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Verònica Ruiz.
La demanda por vía judicial de Lafuente no pone en peligro el proceso público para nombrar su sustituto. Ni siquiera le condiciona a él mismo en la entrevista personal del próximo martes, 11 de julio, día en que los cinco aspirantes deberán defender sus méritos y trayectoria profesional ante el tribunal.
«No creo que el hecho de que una persona ejerza su derecho, como lo ha hecho él, interfiera en la opinión de si tiene un buen currículum o lo tiene mejor otra persona para emitir un dictamen», aclara Ruiz, quien recuerda que «cualquiera que no tenga un proceso penal puede presentarse a cualquier oposición. Por tanto, tiene que concurrir en igualdad de condiciones».
Sea como fuere, la portavoz de la Junta de Gobierno Local también aclara que, «aunque sabemos que es un cargo de libre designación, luego es el gobierno el que decide, siempre atendiendo al informe técnico».
Presumiblemente, la designación del nuevo técnico económico del Ayuntamiento de Castelló se conocerá antes de trascender la sentencia del recurso contencioso-administrativo del profesor universitario. Al menos, así lo considera la propia Ruiz.
«Dicen que los procedimientos judiciales son muy lentos. Por ello, creemos que la resolución judicial tardará más tiempo que la elección del responsable para la oficina», sostiene.
El cese irrevocable de Lafuente se produjo el pasado 30 de junio, tras validar el gobierno el informe de Recursos Humanos que desestimaba la alegación presentada por el afectado para evitar su despido antes de la conclusión de la citada comisión de servicios.
