Los gerentes de Aiguagest SL han comunicado internamente que barajan agosto como mes de cierre de la Piscina Provincial. Para entonces, ya habrán tramitado toda la documentación ante el juzgado para solicitar formalmente el concurso voluntario de acreedores. De hecho, aprovechando los plazos que marca la ley, una vez planteado el preconcurso, están alargando el procedimiento hasta el último día hábil con vistas a iniciar antes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), despidiendo a los 40 profesionales de la instalación.
Hoy mismo, la abogada de Aiguagest, adjudicataria de la explotación de la Piscina Provincial hasta 2023, mantendrá una reunión con los representantes legales de los trabajadores. Encima de la mesa, abrir una negociación sobre el ERE, a pesar de que la empresa no está obligada a ello, ya que puede impulsarlo de manera unilateral.
Los empleados, asesorados y respaldados por los sindicatos, ya han trasladado extraoficialmente a la dirección que no piensan transigir con el despido colectivo. Primero porque existe una promesa de la Diputación Provincial de garantizar sus puestos de trabajo. Segundo porque el convenio de gimnasios e instalaciones deportivas les ampara. En concreto, en su artículo 25, referido a la subrogación del personal y que estará obligada a contraer la nueva adjudicataria de la Piscina Provincial, siempre y cuando el «rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión por parte del titular tanto público como privado» no incluya un acuerdo previo «individual o colectivo» entre la empresa y los trabajadores. En este caso, relacionado con el ERE. La norma es muy clara en este sentido y advierte que, en el supuesto de haberlo, «será válido».
Por eso, los 40 empleados se muestran contrarios a aceptar la maniobra de la mercantil, que además les forzaría a recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar los finiquitos. La sociedad argumentaría ante el juez reiteradas pérdidas económicas desde 2011 para obtener la autorización a propósito del expediente de regulación.
Los profesionales, que siguen manteniendo el nivel de dedicación para que los usuarios no vean resentido la calidad del servicio, vieron hace unas semanas cómo la empresa les abonaba solo la mitad de la nómina de junio. Además, también les adelantó que la retribución de julio ya no será satisfecha. Al respecto, el citado convenio de gimnasios e instalaciones deportivas contempla que con la subrogación la nueva adjudicataria asumirá los pagos pendientes a los trabajadores. Otra razón más para que estos rechacen cualquier negociación sobre el ERE.
Aiguagest tiene de plazo hasta el próximo 24 de julio para presentar toda la documentación al juez solicitando el concurso de acreedores. Al ser voluntario, se asegura que el administrador concursal saldrá de alguno de los miembros con cargo en la mercantil. Cándido Carvajal, Jaime Catalá y Javier Manuel Sebastiá comparten la gerencia, según figura en el registro mercantil. Con ello, la sociedad controlará el proceso de liquidación Otra cosa bien distinta hubiese sido que alguno de los acreedores hubiera requerido el concurso forzoso. En este caso, Aiguagest no habría podido manejar la disolución.
Según marca la ley concursal, desde que el 24 de marzo la empresa presentara el preconcurso ha tenido tres meses para llegar a un acuerdo con los acreedores (es decir, hasta el 24 del pasado mes de junio). Al no haberlo hecho, dispone de otro mes para presentar la solicitud de declaración de concurso, plazo que finalizará el 24 de julio.
