La provincia de Castelló ha perdido la mitad de sus oficinas bancarias en los últimos nueve años de crisis económica, una situación que agrava la problemática de la despoblación en el territorio, donde el 65 % de las poblaciones tienen menos de 500 habitantes. El Instituto Valenciano de Finanzas negocia con la Diputación de Castelló la puesta en marcha de un programa para reabrir oficinas en pueblos del interior en 2018. Según fuentes del IVF, ayuntamientos o diputación pagarían un alquiler para la ubicación de un cajero mientras los entes financieros desplazarían, además, a una persona al municipio con terminal para que atienda a los habitantes del mismo.
El Instituto Valenciano de Finanzas empezará a implantar esta medida a finales de este año en una comarca de Valencia con el apoyo de la diputación de esta provincia y para el año que viene espera llegar a un acuerdo con las diputaciones de Alicante y Castelló, según fuentes de la entidad autonómica. Es una de las medidas que están sobre la mesa para atajar la desaparición de cajeros, un hecho que acrecienta la merma de habitantes en los municipios pequeños.
Según los últimos datos publicados por el IVF referentes al primer trimestre de 2017, la provincia ha cerrado un 49 % de oficinas respecto a 2008, año que alcanzó el pico de terminales con 679. Desde ese año, la reestructuración bancaria y la merma demográfica en el interior han supuesto el final de un buen número de cajeros y oficinas. El descenso continuó en 2016 pese a los primeros síntomas de recuperación económica y este año la cifra en Castelló se sitúa en los 344 cajeros., se decir han bajado la persiana 335 desde 2008.
El informe «La concentración regional del mercado bancario español», elaborado por el catedrático de Análisis Económicos de la Universidad de València, Joaquín Maudos, indica que Castelló es una de las cuatro provincias de España que ha disminuido las oficinas en más de un 40 %. Subraya que la mayor cantidad de cierres se ha registrado en aquellas regiones donde más aumentó la red en los años de expansión, un «proceso lógico», sostiene el estudio, teniendo en cuenta los «desequilibrios acumulados en el pasado». Este trabajo añade que Castelló pasó de 574 espacios financieros a 683 en 2008.
Este proceso ha dejado a algunos pueblos del interior de Castelló sin un cajero automático. Como solución, hay entidades que envían cajeros móviles o agentes financieros en determinados días, pero esta opción no acaba de satisfacer a unas poblaciones integradas por gente mayor que por regla general tiene dificultades para moverse o para utilizar la banca digital.
El IVF es consciente, según afirmó en su momento el director director general de la institución, Manuel Illueca, que el cierre de terminales ha sido «importante» en Castelló. Desde esta entidad confiaron en ejecutar en 2018 su plan de nuevos cajeros con el consenso de diputación y ayuntamientos de Castelló.
Moción de la diputación
El pleno de la diputación provincial aprobó en junio una moción del grupo de Ciudadanos que insta al Consell a «asegurar la accesibilidad para personas con movilidad reducida en los cajeros que se van a instalar en la provincia a través de la iniciativa impulsada por el Instituto Valenciano de Finanzas para recuperar el servicio bancario en las poblaciones de pequeño tamaño».
También plantea a la Generalitat que enseñe a las personas poco familiarizadas con las nuevas tecnologías a utilizar los cajeros que se implanten y puedan efectuar las operaciones más comunes por sí mismas». Por ultimo, emplaza a la diputación «a ejercer un papel activo en el asesoramiento da municipios para que se beneficien de dicho plan».
La institución provincial ha mediado en los últimos años con bancos y cajas para el mantenimiento de oficinas en las localidades de las comarcas menos pobladas, pero el IVF entiende que si una intervención pública es complicada que se pueda ampliar la red de cajeros.
