Los conflictos urbanísticos abiertos en estos momentos contra el Ayuntamiento de Vila-real y derivados de anteriores gobiernos suponen un riesgo para la ciudad de 51 millones de euros. Así lo explicó ayer el alcalde, José Benlloch, tras anunciar que, de esta cantidad, cuatro millones ya son firmes, por lo que están siendo reclamados por los afectados para su cobro. «Estos cuatro millones de euros ya no son discutibles; hay una resolución del jurado de expropiación que, aun dando la razón al ayuntamiento en la valoración de los terrenos por debajo de lo que reclamaban los propietarios, dice que hay que pagar esa cantidad. Pero no podemos permitir que la gestión urbanística del PP provoque la quiebra del consistorio; por eso vamos a plantear una negociación con los propietarios para tratar de saldar esta deuda en parte con dinero y en parte con derechos urbanísticos», valoró el alcalde.
El riesgo de 51 millones, que figura en el informe remitido por la Intervención municipal al gobierno, corresponde tanto a las reclamaciones de propietarios que han acudido a los juzgados para defender sus derechos (20 millones) como a los expedientes que han llegado al jurado de expropiación de Castelló, que ascienden a 31.852.125 euros. De esta cantidad, un total de 12 millones corresponden a 12 reclamaciones de propietarios que los técnicos municipales rebajaron a 4 millones, tras valorar los terrenos y teniendo en cuenta que «un euro de hoy en día no vale lo mismo de lo que suponía hace seis años». «El jurado de expropiación nos ha dado la razón, por lo que esos cuatro millones de euros no son discutibles, aunque los propietarios todavía podrían recurrir a los juzgados», agregó el alcalde, quien advirtió que muchos de los afectados están reclamando ya el pago inmediato. «Los 19 millones restantes irán resolviéndose, pero, si aplicamos el mismo criterio que en estos casos, calculamos que podemos llegar a la cifra de 12 millones de euros firmes en resoluciones del jurado de expropiación», advirtió.
Buscar el equilibrio
«Desde que este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento en 2011 tuvimos muy claro que vamos a pagar la herencia del PP, pero también que nuestra obligación es defender los intereses de Vila-real con absoluta sensibilidad a los derechos de los propietarios afectados por la gran estafa que supuso el urbanismo del Partido Popular. Nuestra obligación es, y así lo hemos hecho durante estos años, buscar el equilibrio entre pagar lo que debemos y llevar adelante el proyecto de ciudad y el Vila-real del futuro», argumentó el primer edil. Con este objetivo, el ejecutivo municipal trabaja en la búsqueda de fórmulas que permitan amortiguar el impacto de la «herencia del PP», evitando la «ruina» del consistorio y aumentar el endeudamiento municipal que, advierte Benlloch, «de producirse supondría no poder concurrir a programas de empleo o ayudas europeas».
«A pesar de haber pagado ya 30 millones en herencia del PP, del préstamo de 20 millones que suscribió -pero no pagó- el último ejecutivo popular, hemos logrado reducir el endeudamiento del 75% que encontramos en 2011 al 50,3% actual. Pero no podemos permitir que la gran mentira del urbanismo del PP, con un Vila-real ficticio para 200.000 personas, hipoteque el futuro de la ciudad y provoque la quiebra del Ayuntamiento», denunció el alcalde. «Tenemos que buscar soluciones mixtas, de manera que parte de esta deuda pueda saldarse en derechos urbanísticos en espacios que vamos a regenerar, porque hacer frente a esos 51 millones de euros derivados de la gestión urbanística del PP nos llevaría a una situación de colapso. Pero para poder sentarnos a negociar primero debemos contar con el instrumento urbanístico que nos permita llegar a acuerdos con los propietarios. Estamos trabajando para hacerlo posible».
