El dictamen consensuado sobre las fiestas, que podría derivar en una intervención de la Fiscalía Anticorrupción para analizar los presuntos delitos que se cometieron en la Junta de Festes entre 2008 y 2015, deberá esperar al pleno de octubre, y siempre en el mejor de los casos.
El informe jurídico encargado por la comisión de investigación no llegará a tiempo para presentarlo a los grupos políticos en la sesión plenaria del presente mes de septiembre. La complejidad de la documentación encontrada, o aportada durante las numerosas comparecencias, dificulta todavía más el proceso de análisis.
Pero no solo ese embrollo de papeles ralentiza la elaboración del estudio. Otro elemento que impide a los funcionarios centrarse al 100 % en el informe es la necesidad de avanzar con otras cuestiones posiblemente más importante para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Castelló como, por ejemplo, la elaboración de los próximos presupuestos para 2018.
Por tanto, aunque desde los firmantes del Pacte del Grau (PSPV-PSOE, Compromís y Castelló en Moviment) existe un especial interés por que se consensúe cuanto antes un dictamen con el PP y Ciudadanos para que se depuren responsabilidades políticas y penales a propósitos de las hipotéticas anomalías ocurridas durante la etapa de Jesús López como presidente de la Junta de Festes, lo cierto es que ese acuerdo tardará en producirse. O, al menos, la posibilidad de que los cinco partidos con representación municipal se siente en una mesa juntos para analizar las conclusiones del informe jurídico encargado a los técnicos por la comisión de investigación.
