La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló ha aceptado la petición del ex vicepresidente de la Diputación de Castelló y ex alcalde de Vall d'Alba de sustituir la pena de ocho meses de prisión, a la que fue condenado por el caso de la Depuradora de Borriol, por una multa de 14.400 euros.
La Audiencia de Castelló condenó el 15 de abril de 2016 a Francisco Martínez a una pena de 8 meses de prisión, una multa de 12.600 euros y una inhabilitación especial para el empleo o cargo público por el tiempo de dos años. Sentencia que fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en febrero de 2017 al rechazar el recurso de casación incoado por la defensa del ex vicepresidente de la diputación.
Tras la ratificación del Supremo, la Audiencia de Castelló inició el expediente para ejecutar la sentencia y requerir al penado para el cumplimiento de las penas impuestas. Una ejecutoria que alegó la defensa suplicando la sustitución de la pena de prisión por la pena de multa y de forma subsidiaria, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, tal y como se contempla en el Código Penal. De forma paralela a la petición de suspensión de la pena, el ex alcalde de Vall d'Alba realizó el pago de la multa impuesta en la sentencia, que ascendía a un total de 12.600 euros.
Por su parte, el Ministerio Fiscal informó a la Sala Segunda de la Audiencia de Castelló que a la vista de la hoja histórico penal y demás circunstancias penales de Francisco Martínez y en atención al artículo 80 del Código Penal, no ponía objeciones a la suspensión de la pena.
A este respecto, en su auto, el tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia de Castelló estimó que además del hecho de que el ex vicepresidente de la diputación había abonado la multa, «no pensamos que concurra ningún supuesto por el que proceda denegar la sustitución de la pena de prisión impuesta por la pena de multa».
Así mismo, el tribunal tuvo en cuenta el hecho de que la sentencia condenatoria no solicitaba ninguna indemnización en concepto de responsabilidad civil y de que fue absuelto de los otros delitos de los que le acusaba el Ministerio Fiscal. Para ponderar su decisión, también se tuvo en cuenta que han transcurrido más de cuatro años desde la fecha en la que se cometieron los hechos y el ex alcalde de Vall d'Alba no tiene «otros antecedentes penales que impidieran la sustitución solicitada.
Por todas estas razones, la sala acordó la sustitución de la pena de ocho meses de prisión por una multa de dieciséis meses, dos días por cada día de condena de prisión, con una cuota diaria de 30 euros. Un total que asciende a 14.400 euros y que Francisco Martínez abonó el 31 de julio de 2017.
De esta manera, Martínez ha cumplido con el pago de la multa de 12.600 euros que le impuso la sentencia y con la pena de 8 meses de prisión, que le ha sido sustituida por una multa, en este caso de 14.400 euros. Aunque cabe apuntar que resta por aprobar la liquidación de condena de la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por el tiempo de dos años, dado que en la actualidad todavía está habilitado el plazo concedido al Ministerio Fiscal y a la defensa para decidir sobre ella.
Punto y aparte judicial
A falta de la liquidación de la inhabilitación para ocupar empleo o cargo público durante dos años, el pago dinerario de Francisco Martínez por el delito al que fue condenado en el caso de la Depuradora de Borriol supone que los que fueran máximos mandatarios del Partido Popular en Castelló hayan cumplido las penas impuestas por la justicia.
Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castelló obtuvo el tercer grado el 28 de abril de 2017, con lo que se considera cumplida la pena de prisión por los cuatro delitos fiscales a los que fue condenado.
Así mismo, este estadio penal ha alcanzado Francisco Martínez, ex vicepresidente de la diputación y presidente accidental durante un año por la enfermedad de Fabra.
No obstante, ambos están siendo investigados por otros supuestos delitos. En el caso de Francisco Martínez, la fiscalía de Castelló solicita once años de prisión, una multa de un millón de euros y 21 años de inhabilitación de cargo público por presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales en tres operaciones urbanísticas desarrollada en Vall d´Alba cuando Martínez era alcalde. El caso está pendiente de que el juez decrete la apertura de juicio oral o archive la instrucción.
Por su parte, Fabra está siendo investigado por un delito de cohecho cometido supuestamente en los patrocinios que otorgó al ex piloto de motociclismo, Álex Debón, cuando era presidente de la sociedad pública de gestión del aeropuerto de Castelló, Aerocas.
