El vicepresidente de la Diputación de Castelló, Vicent Sales, asegura que los pagos por parte de los consorcios al 'personal colaborador' funcionario de la diputación son dietas y desplazamientos y están aprobados por el pleno de la entidad, con la garantía de los servicios jurídicos de la casa.

Así mismo se expresa en anterior gerente de los consorcios de residuos de la zona C1 y de las zonas C3 y V1, Joan Piquer, actual director general de Cambio Climático de la Generalitat,quien valida dichos pagos, aunque abre la puerta a que «se evacúen los correspondientes informes jurídicos» y a que se modifique el funcionamiento si se detecta alguna irregularidad.

Sin embargo, los sindicatos de la diputación se mueven en unos parámetros diferentes, así como las fuentes consultadas por Levante de Castelló entre altos cargos de la Generalitat y en la Diputación de València.

En este sentido, desde la sección sindical de USO en la Diputación de Castelló se está estudiando con los servicios jurídicos trasladar la denuncia al Ministerio Fiscal para que determine si existen ilícitos penales en el hecho de que los consorcios abonen fuera de nómina retribuciones a los funcionarios de la diputación por trabajos realizados en el marco de los primeros y sin reconocimiento de segunda actividad o regímenes de dedicación parcial.

En el informe que el sindicato hizo llegar al vicepresidente Vicent Sales ya se demandaba la depuración de responsabilidades y el restablecimiento de la legalidad si, tras una investigación de detectara arbitrariedad en la elección. No obstante, los sindicatos estudian dar un paso más y trasladar la investigación a la Fiscalía.

Cabe apuntar que tras una primera reclamación en una mesa de negociación, el sindicato UGT en la diputación incrementó esta semana los calificativos, tildando de «completamente ilegales» estas prácticas, debido a que están fuera de norma según los parámetros de la relación de productividades salariales.